Por: GUILLERMO CARAM
Con el feriado “decretado” por el
Presidente de la JCE, habrá transcurrido la sexta parte del período de
transición establecido en la constitución desde el momento de elección de
autoridades hasta su toma de posesión.
Teniendo en cuenta la posición de los
candidatos opositores de no reconocer los resultados que ha venido anunciando
la JCE ni legitimar proclamaciones por los serios cuestionamientos sobre
la legalidad y administración de las elecciones recién pasadas, estamos
obligados a procurar soluciones políticas a la crisis que esto representa
habida cuenta los potenciales efectos que pudiera acarreara la gobernabilidad
de la nación así como para la preservación y perfectibilidad social y económica
de nuestra democracia.
Mas aun teniendo en cuenta la alta
dependencia económica – comercial y financiera- que nos impone nuestra
condición de pequeña isla “colocada en el mismo trayecto del sol” con grandes
masas territoriales a su norte y sur, magnificada por los modelos de gestiones
gubernamentales implantadas durante los últimos años, de grandes déficits
financiados con endeudamientos justificados en las consignas de “apertura y globalización”
que estigmatizan los gobiernos del PLD.
El cuestionamiento a la legalidad e
ilegalidad añade ingredientes a cuestionamientos preexistentes provenientes de
la comunidad internacional. Los tres últimos informes del FMI han advertido la
necesidad que las finanzas públicas dependan menos del endeudamiento externo.
Otras esferas de la comunidad internacional apuntan hacia los derechos humanos
particularmente referidos a la migración haitiana y al desinterés mostrado
por el gobierno en combatir la corrupción; sea la pasada por negligencias del
Ministerio Publico como la presente por su mutismo en las asociaciones que se
han formulado con escándalos internacionales alrededor de las plantas a carbón
desarrollada por firmas y financiamientos brasileños.
El nuevo ingrediente de ilegalidad e
ilegitimidad en las elecciones de autoridades, añadiría un nuevo elemento
dentro de la agenda de preocupaciones internacionales sobre nuestra nación
potencialmente reflejada en mayores restricciones para el flujo de recursos
externos, repercutiendo de manera inmediata en el equilibrio de las finanzas
públicas.
Ante esta eventualidad, las autoridades
se verán tentadas a recurrir a una de las siguientes opciones, todas con
consecuencias para la gobernabilidad de la nación:
A la reducción de gastos comenzando por
los más vulnerables como los pagos hoy hipertrofiados por concepto de
empleomanía y subsidios; asi como a constreñir servicios públicos
indispensables de educación, salud, transporte, energía, etc como ha sucedido
en Grecia y Puerto Rico que se han sacrificado estos servicios hasta llegar a
considerar elementos de “crisis humanitaria” con amenazas de “cierre del
gobierno”
A la tentación de imponer nuevos
impuestos en una economía ya sobrecargada de tributos que solo traería como
resultado el agravamiento de la informalidad existente traducible en
mayor evasión fiscal que neutralizaría los propósitos de incrementar recaudaciones
A la recurrencia del financiamiento
interno privado distrayendo recursos potencialmente dedicados a la activación
de la economía generadora de empleos y aumentando el costo financieros del
dinero (tasas de interés),
Al financiamiento público mediante
sobregiros y emisiones sin respaldo que tendrá como consecuencia la circulación
de pesos dominicanos con relación al dólar, devaluándose nuestra moneda.
Todas estas opciones – reducción de
nóminas y subsidios, mayores impuestos, desempleo, restricciones adicionales de
servicios, devaluación – tenderán a provocar inconformidades sociales
peligrosamente controlables por autoridades increpadas por ilegalidades e
ilegitimidad.
En consecuencia se impone prestar la
debida atención a la crisis originada en la pésima administración del
proceso electoral recién concluido, procurando soluciones políticas que eviten
a las autoridades el tener que encarar sus obligaciones gubernamentales sin el
debido concurso de la comunidad internacional y dentro de un clima matizado por
acusaciones de ilegalidad e ilegitimidad que aumentan la posibilidad de
recurrir a condiciones de fuerza.
En tal sentido se impone ponderar
los puntos neurálgicos que mantienen la crisis postelectoral tales como:
La renuncia al Presidente de JCE a menos
que rinda cuentas convincentes de lo que está pasando y lo que pasó
durante el proceso electoral en torno a temas como la compra de equipos por 32
MUSD sin las implementaciones necesarias, “renuncia” de 3000 auxiliares,
desaparición de urnas y boletas y quema de juntas electorales no obstante haber
asumido el mando de las FFAA conforme establece la constitución y
las leyes
Que se designe consensualmente con los
partidos políticos un Presidente Provisional JCE que concluya el proceso en
base al conteo manual hasta la proclamación de los candidatos ganadores
Celebración de elecciones
complementarias en aquellas jurisdicciones que se hayan presentado situaciones
susceptibles de anulación, considerando además un barlotaje para ratificar la
Presidencia de la Republica.
Determinación de futura
composición consensuada JCE y TSE sobre la base de reputadas
personalidades apartidistas
Asumir el compromiso de modificar
la constitución para superar los obstáculos que han complicado el
presente proceso electoral tales como:
La reelección presidencial
La celebración de elecciones conjuntas
provinciales y municipales de las presidenciales
Congelación de demarcaciones
provinciales y municipales
Carácter vinculante del referendo en
las reformas constitucionales
Supeditar a concertación partidaria
similar a la establecida en el art. 241 de la Constitución la selección de
jueces del Régimen Contencioso Administrativo, Cámara de Cuentas, Suprema Corte
de Justicia, Tribunal Constitucional; a lo cual pudiera añadirse la Independencia
del Ministerio Publico La solución política arribada pudiera incluir, además,
temas de gobierno que constituyen reclamos ciudadanos tales como los
relacionados con el combate a la corrupción, cumplimiento de disposiciones
legales sobre función pública, despolitización de los regímenes de subsidios,
mayor transparencia en las compras y contrataciones gubernamentales y controlar
los déficits para detener endeudamientos.
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