No existe forma alguna que una sociedad se desarrolle sino es a través del cumplimiento de sus leyes y cimentadas en un real Estado de derecho. Somos más los ciudadanos que aspiramos a una sociedad cuyo orden social sea sostenible y satisfactorio que aquellos que no.
El transcurrir de la vida republicana nos ha atrapado en un proceso recurrente de transgresión de las leyes, que acompañado de fallas en los mecanismos de fiscalización y regulación de la ejecución de las mismas, han debilitado el orden social e institucional, perfilándose una tendencia hacia el caos en nuestro país.
El incumplimiento de leyes importantes en el país se ha convertido en parte del modus operandis de la Nación. Para ello bastan algunos ejemplos:
La ley 66-97 de educación establece la aplicación del mayor de los montos entre el 4% del PIB o el 16% del presupuesto nacional en un año determinado como la cantidad de dinero a invertirse en el sector educativo; no obstante, desde su promulgación hace 14 años ningún gobierno ha invertido ni siquiera el 3% del PIB.
La ley tributaria de hidrocarburos 112-00 es una de las leyes cuya aplicación carece de menor confianza ante la ciudadanía, y donde los niveles de transparencia son muy cuestionados.
La ley 200-04 de libre acceso a la información pública es otra que ha suscitado en su cumplimiento controversias importantes. Y en diversas circunstancias, múltiples instituciones han hecho caso omiso a la misma.
La ley general de electricidad 125-01 no se cumple en más de una decena de articulados y desde su promulgación en el año 2001, se justifica su incumplimiento sobre la base de su inaplicabilidad.
La ley 19-01 que crea el defensor del pueblo hace diez años que fue promulgada, y aún no se escogen los defensores que manda dicha ley.
La ley electoral 275-97 que la JCE siempre ha alegado supuestas ambigüedades en su interpretación, ha imposibilitado la aplicación de sanciones y el cumplimiento de la misma en casos específicos.
La ley 423-06 de presupuesto de ingresos y gastos públicos y la 340-06 sobre compras y contrataciones públicas de bienes, servicios y concesiones, desde siempre sus ejecuciones han dependido de las prioridades del poder ejecutivo de turno, más que de lo establecido en ellas mismas.
Las leyes 241 y 114-99 de tránsito nadie las cumple ni la hacen cumplir en decenas de sus artículos. Igual suerte corre la ley 285-04 de migración la cual no regula el flujo migratorio en la República Dominicana.
La ley 64-00 de medio ambiente no termina de prohibir las extracciones ilegales de materiales de los ríos, ni la tala indiscriminada de los arboles, ni la venta ilegal de especies en extinción de la fauna; y para decidir la pertinencia o no en la violación que se iba hacer hace meses en el Parque Nacional de Los Haitises se tuvo que recurrir a la opinión del PNUD, sobre algo que la ley en si misma lo aclaraba.
El sistema de seguridad social sustentado en la ley 87-01 tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado a 10 años de promulgada la ley avanza muy lento, provocando esa lentitud incumplimiento en sus mandatos.
Si se quiere saber si se cumple la ley 14-91 sobre la carrera administrativa, sólo basta ver la gran dinámica de cancelaciones de personal en las oficinas públicas cuando se produce un cambio de gobierno.
La mayoría de los ayuntamientos no cumplen con la ley 176-07 llamada a regir y organizar los recursos de los ayuntamientos de los municipios y el Distrito Nacional. Y no todos aplican el presupuesto participativo.
Las anteriores constituciones de la República fueron denominadas peyorativamente en una ocasión por un "supuesto" padre de la democracia como un pedazo de papel. Y la nueva constitución a más de un año y medio de su proclamación carece aún del ajuste de las leyes adjetivas y la conformación de ciertas estructuras que le darán sustento y validez a la misma.
Las mencionadas son sólo un ejemplo del grupo de leyes que adolecen de ciudadanos que las cumplan y de ciudadanos que las hagan cumplir. El incumplimiento no es un asunto de un gobierno en especifico, sino de todos que las han incumplido, así como de una ciudadanía corresponsable que no ha sabido mediante los mecanismos y herramientas que le brinda la democracia, cumplir y hacer cumplir sus leyes.
El mea culpa ciudadano que necesita la patria de Duarte y Luperón tiene que ser colectivo, al unísono y en alta voz.
Hace falta reafirmar y fortalecer el contrato social de la Republica Dominicana. Aquel contrato social que toma forma y fuerza en el cumplimiento de las leyes existentes. Un contrato social como el planteado en esencia por Rousseau donde el poder de la ley está por encima de la ley del poder.
Lamentablemente, se ha llegado a un punto en que las arbitrariedades en la aplicación de las leyes, conjugadas con un débil Estado de derecho, han llevado a la gente a asimilar las aberraciones y anormalidades como situaciones normales. Es por eso que pregunto: ¿Qué está pasando con nosotros?
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