Los magistrados iniciaron el recorrido desde la iglesia la Paz hasta llegar a la ProcuradurĆa, donde pidieron Poder Judicial, reconsiderar ambas destituciones, ya que la decisión afectarĆ” a todos los jueces del paĆs.
Entre las irregularidades que el Consejo del Poder Judicial entendió estĆ”n que el magistrado Marchena dejó en libertad a Pedro LuĆs SĆ”nchez, acusado de asesinar a su esposa Gleiri MarĆa MuƱoz en presencia de sus tres hijos, y a la magistrada Luisa GarcĆa de favorecer a acusados de crĆmenes graves.
En un documento distribuido a la prensa, los profesionales del derecho dicen que “lamentablemente el ente llamado a juzgar con la imparcialidad y justeza a sus pares, dio aquiescencia al despropósito de quienes promovieron dichas acusaciones y decidió acogerlas”.
Los abogados afirman que las resoluciones nĆŗmero 10-2012 y la 20-2012, que impone las medidas disciplinarias contra los jueces sancionados reconocen que dichos magistrados actuaron en el ejercicio de sus funciones, con apego a la ley, conforme a los criterios que en su momento entendieron.
En el texto los magistrados se declaran en vigilia permanente ante la “regresión en la conquista de la independencia judicial”, para ofrecer su apoyo “irrestricto a los magistrados sancionados”, para que los procesos disciplinarios agoten todas las instancias nacionales e internacionales, en caso de ser necesarios.
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