SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El aspirante presidencial del Partido
Revolucionario Moderno, Luis Abinader, declaró que la legislación sobre el
aborto en la República Dominicana no debe ignorar el grave problema de salud
pública que representa esa práctica, principalmente en perjuicio de las mujeres
con menos posibilidades económicas.
Al fijar su
posición sobre el debate originado por la decisión del presidente Danilo Medina
de observar el proyecto de ley de Código Penal, el licenciado Abinader recordó
que es un católico formado en el seno de su familia y del Colegio Loyola, bajo
la prédica de amor, servicio y solidaridad enseñada por los jesuitas. Y apuntó
que es opuesto al aborto como una práctica libre.
Sin embargo,
dijo que la legislación nacional que prohíbe cualquier forma de interrupción
del embarazo, aún en situaciones de alto riesgo para la mujer, no ha
tenido ninguna efectividad para frenar el aborto clandestino que se práctica en
el país bajo las peores condiciones de insalubridad.
El economista
y empresario declaró que comparte las motivaciones expresadas por el presidente
Danilo Medina al devolver al Congreso el proyecto de modificación del Código
Penal, especialmente en lo concerniente al derecho a la vida y la salud de la
mujer y el respeto a su dignidad y a su integridad
moral y emocional.
El licenciado
Abinader dijo que personalmente recomienda a los legisladores del PRM que
acojan la observación del presidente de la República, escuchando la voz de su
conciencia y recordando la responsabilidad que tienen de proteger los
derechos fundamentales de la mujer dominicana.
“Aunque
siento profundo respeto y reconozco las genuinas motivaciones que
tiene la Iglesia Cristiana para reafirmar su posición
tradicional sobre el tema, estoy convencido de que estamos frente a
un grave problema de salud pública que afecta a las mujeres más pobres
del país y que por lo tanto no se debe abordar exclusivamente
desde una perspectiva religiosa”, manifestó el licenciado Abinader.
Indicó que si
en el país se están registrando anualmente alrededor de 90 mil abortos
clandestinos y evidentemente ilegales, como lo ha revelado Profamilia, hay que
reconocer que existe un problema social y sanitario que debe ser tratado con
políticas racionales que contribuyan a disminuir esa tendencia.
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