“Casi todo
hombre puede resistir la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un
hombre dale poder”. (Abraham Lincoln).
La
Ley de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas (33-18) no constituye una
ley que exprese la necesidad de la sociedad. Es una medianía, lo que indica el
alcance de una parte de la elite política. No es la expresión de la sociedad,
empero, es fruto de la presión de ella, acorralando, en gran medida, a una
partidocracia que no quiere autorregularse. Después de 20 años de su
sistemática y permanente discusión era otra normativa que debió evacuarse pare
regular los mismos. Existe el Derecho Comparado y cuando vemos lo que se aprobó
con respecto a otras sociedades de América Latina, el rostro no acusa ni
alegría, ni tristeza, no obstante, sí dolor.
Es una Ley que refuerza el fatalismo, el conformismo de la
sociedad dominicana, el espíritu conservador, expresada en la praxis salvaje
del llanto:
“Para
nada, es mejor”.
“Algo
es algo”.
“Tenemos
la ley posible”.
“Es
mejor que nada”.
“Después
de todo, se alcanzó algo”.
“Después
la arreglamos”.
¿Cuál era la base, la esencia, para la forjación de esa ley? Los
valores de la democracia que son: la democracia interna, la transparencia, la
inclusión, la tolerancia, el respeto a la diversidad, el respeto a la minoría. La
democracia funciona en base a los valores de “libertad, igualdad, equidad,
solidaridad, tolerancia y pluralismo”. ¿Dónde
está la sombrilla que hubo de proteger esa ley? En la misma Constitución en
sus artículos: 209, 2011 (libertad, transparencia, equidad y objetividad), 212
(… cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para
la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular…).
El
Párrafo IV del referido artículo 212 esboza “La Junta Central Electoral velará
porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de
libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencias en la
utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para
reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso
equitativo a los medios de comunicación”. El 216 resalta “… Su conformación y
funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y la
transparencia…”.
La
base sustancial de esa Ley, para contribuir al fortalecimiento del Sistema de
Partidos, debió anidarse en el costo de la participación política y en la
transparencia interna ¿Se logró? No. Un no rotundo. Un precandidato a la
Presidencia, al interior de su partido, en una precampaña podrá gastar hasta
511 millones de pesos. Las senadurías de la Provincia de Santo Domingo,
Distrito Nacional y Santiago podrán erogar gastos por alrededor de
RD$120,000,000 millones de pesos (ciento veinte millones de pesos). Se
impondrá, ahora formalizado, legalizado, la Plutocracia y el principio de la
equidad aún está muy lejos.
La
inequidad del dinero privado es ostensible y por el dinero del Estado, es
desgarrador: el mismo 80/20. Algo, sencillamente inaudito, inexcusable, después
de cuasi 20 años de traer y llevar. Una práctica perversa a la luz de la
democracia es consagrada en una Ley. Lo mismo sucede con la consagración de la
cúpula partidaria: decidirán el tipo de primarias y con qué padrón, así como
disponer del 20% de los candidatos.
Estamos frente a una Ley sin visión de futuro, de ausencia de
legitimación de la democracia. Una Ley donde los puntos nodales, neurálgicos,
se expresan en el sentido de mantener a los partidos grandes y a cuasi anular a
los partidos emergentes. Una Ley bosquejada en lo fundamental para responder a
una coyuntura de una facción del Partido hegemónico, que hoy tiene la mayoría
en los órganos de dirección; establecida por encima de los estatutos de todos
los partidos.
¡Que
la Ley tiene aciertos! ¿Contra qué contrastamos, como la podemos medir? Si es
que no teníamos nada: ¡Eureka!, ni modo! Si es con un estudio comparado con otros
países como: México, Chile, Uruguay, Costa Rica, Perú, Argentina, la risa y el
olvido, como diría Milán Kundera en su celebrada novela, cobra validez. Si
tomamos en cuenta el Anteproyecto de la Junta del 2011 y reintroducido en el
2017, elaborado por expertos electorales de la OEA, representa un retroceso
significativo. La sociedad civil, específicamente, Participación Ciudadana, el
18 de abril del 2017, realizó un importante servicio a la sociedad, en un
ejercicio de ciudadanía, con su “Propuesta de Participación Ciudadana frente a
los proyectos de leyes de Partidos y Agrupaciones Políticas y de Régimen
Electoral”. Una matriz nos diría el alcance de la desviación: entre un 25 a un
30%; sin tomar en cuenta un estudio comparado con la Región.
Las
actitudes de la elite política dejan mucho que desear; una actitud “es
enunciados o juicios evaluadores respecto de los objetos, personas o eventos.
Tiene tres componentes: componente cognitivo, componente afectivo y de
comportamiento. Hace dos años la Cámara de Diputados aprobó una ley que duró
menos que una cucaracha en un gallinero. Igual ocurrió con la que aprobó el
Senado. ¡Como cambian así sus actitudes de un día para otro, por ejemplo: la
Comisión Bicameral, luego la Comisión del Senado, siendo los mismos miembros!
Las
actitudes, en tanta disposición mental que genera el comportamiento, es más
light, más laxa que los valores. Trae en sí la fluidez frente a algo que está
mediado, en gran medida, por las motivaciones. En
el caso que nos ocupa los intereses individuales, particulares y corporativos
están por encima de los valores de la democracia y de la sociedad. Es
lo que vemos con la posibilidad de Primarias abiertas con Padrón de la Junta,
cuando sabemos que es muy costoso y que no es verdad que garantiza más
democracia interna; al contrario, exacerba el clientelismo y la corrupción.
Además, el Presidente de la Junta, después de la promulgación de la Ley,
enfatizó: El tiempo, Recurso, Logística y Tecnología para su aplicación. Por
demás, que viola la Constitución en su Artículo 209. ¡En 5 días la Junta
tendría que pronunciarse acerca de las primarias! Aún no sabemos cuántos
candidatos podrán postular para cada posición electiva.
Se
consagra como un acierto lo de los jóvenes con un 10% en los cargos. De nuevo,
nos preguntamos, ¿con respecto a qué, cuál instrumento referencial? Contra
nada. ¡Aleluya!. Para ser más objetivo debería ser con el Padrón Electoral, que
serán alrededor de 7.3 millones de electores. De esos 7.3 millones, los que
tienen para el 2020, más de 18 años, en ese rango, esto es, los que nacieron
entre el 1985 al 2002, son aproximadamente: 3,6000,000, que es el equivalente
casi al 50% del Padrón; y, los jóvenes entre 25 y 35 años (edad para ser
elegidos), que nacieron entre 1985 al 1995, constituyen 2,000,000 millones,
esto es, el 28% del electorado.
Sería
la consagración de la Gerontocracia en los partidos. La Ley de hierro de la
oligarquía, del sociólogo alemán Robert Michels, se impondrá; o, como nos diría
Vilfredo Pareto “La circulación de las elites”, seguiría su agitado curso en
esta ley que debió nacer con pantalones largos y eclosiona en calzoncillos. La
Ley 33-18 es aquella que viene a evitar la ley del Talión, pero que dibuja en
cuerpo entero, incluyendo el vientre, la ley draconiana, en beneficios
mayoritariamente de los partidos grandes y de la partidocracia. Una ley que no
postula los valores de la democracia, subsumiendo la política no como
relaciones de poder cimentados en la estimación de la democracia, sino en el
drama de poder que fija la ausencia de reglas y límites.
La Ley 275-97 tiene 21 años sin ser cambiada, a pesar de que la
Constitución del 2010 demandaba su pronta metamorfosis. No hay duda, el arte de
la política ha sido transformado por la componenda tosca y el alcance del horizonte,
sin visión, se tartamudea y hace gárgara en una ley hastiada.
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