Por José Alberto Blanco
En cada barrio, en cada distrito municipal, en cada municipio, en cada provincia y en cada circunscripción hay voces que nacen del compromiso, no del dinero. Son líderes naturales: madres que organizan centros de madre, comités escolares, hombres que organizan asociaciaciones campesinas, juntas de vecinos, profesionales que se organizan en sus gremios, jóvenes que movilizan brigadas de limpieza, adultos mayores que custodian la historia local, ciudadanos que participan de clubes de servicio, sociales o deportivos. Son ellos quienes deberían encabezar nuestras instituciones. Sin embargo, una sombra se extiende sobre la política dominicana: el narcotráfico.
No se trata solo de paquetes de droga interceptados en
puertos. Se trata de candidaturas financiadas con dinero sucio, de estructuras
partidarias que se arrodillan ante el crimen organizado, de comunidades que ven
cómo sus referentes éticos son desplazados por figuras que compran votos y
silencios.
El narcotráfico castra las aspiraciones legítimas. ¿Cómo compite
un líder comunitario con un candidato que reparte electrodomésticos, paga
fiestas y promete empleos desde el poder delictivo? ¿Cómo se sostiene la
esperanza cuando el mensaje es claro: “¿Si no tienes padrino, no llegas”?
Esta distorsión no solo corrompe la política. Desmoraliza.
Desvía a la juventud. Destruye el tejido social. Y lo más grave: normaliza el
delito como vía de ascenso.
Desde cada rincón del pais donde aún se cree en la palabra,
debemos levantar la voz. Defender la ética no es ingenuidad: es resistencia. Es
hora de blindar las instituciones, de exigir transparencia en el financiamiento
político, de proteger a quienes lideran desde el servicio y no desde el miedo.
En los últimos cinco años, al menos una decena de políticos
dominicanos han sido vinculados formalmente al narcotráfico o al lavado de
activos, incluyendo diputados, regidores y alcaldes. Estos casos evidencian
cómo el crimen organizado ha infiltrado estructuras partidarias y electorales.
Esta situación tiene Implicaciones directas.
- Financiamiento de campañas con dinero ilícito, lo que
distorsiona la competencia electoral.
- Protección institucional a redes criminales, que dificulta
la acción del Ministerio Público.
- Desplazamiento de líderes comunitarios auténticos, que no
pueden competir con estructuras financiadas por el crimen.
La República Dominicana merece una política que honre a sus
comunidades, no que las traicione. Y esa transformación empieza por visibilizar
a los líderes naturales, por devolverles el espacio que les pertenece.
0 Comentarios