Siempre se ha hablado del impacto de las medidas económicas en la política social. Las decisiones tomadas por los Bancos Centrales y las autoridades monetarias y financieras, para prevenir la inflación o para mantener el control de la tasa de cambio, para reactivar o frenar una economía, con el objetivo de mantener una canasta básica con precios asequible para la población, es lo que conocemos como el impacto de la política económica en la política social.
Sin embargo, poco se ha hablado del caso contrario, es decir, del impacto de la política social en la economía de nuestros países. ¿De qué manera motoriza la política social las economías de los sectores vulnerables del país? ¿Cómo aporta la política social al crecimiento económico de un país?
La política social, dependiendo de su extensión y de las características que tenga, impacta positivamente en la demanda de bienes y servicios y, por tanto, en los distintos agentes involucrados en dichos procesos productivos.
Se ha considerado siempre a la política social como un gasto en que incurre el Estado, es decir, que pende como una espada de Damocles sobre los limitados ingresos, y por ende sobre la inversión y la producción nacional. Nada más alejado de la realidad. Esta es una percepción que tenemos que destronar.
En la realidad, lo que el Estado dedica a la implementación y ejecución de las políticas sociales, se trata de una inversión social en las personas, en los ciudadanos, con un retorno tanto social como económico, que incrementa la productividad, reduce las desigualdades, combate la pobreza y genera paz y justicia social.
El concepto mismo de inversión social considera que los programas sociales producen resultados positivos hacia la economía y generan compensaciones a los más vulnerables, ante los efectos negativos que surgen de una economía de mercado.
La política social es determinante para el buen desempeño económico del país, es la herramienta idónea para la redistribución de los ingresos con equidad, para la formación de ciudadanía y para el funcionamiento y realización del Estado Social y Democrático de Derecho.
En un estudio reciente publicado por la CEPAL, tomando como referencia los estudios de política macroeconómica de Shari Spiegel, directora ejecutiva de la Initiative for Policy Dialogue de la Universidad de Columbia, se afirma que tres de los indicadores más relevantes de toda economía, se ven impactados con las decisiones relacionadas a la política social.
Se trata de la producción, el empleo y la inflación, los que a su vez permiten conocer el impacto de la política social en indicadores como el crecimiento, el desarrollo y la equidad.
En cuanto al primero de esos aspectos, los programas de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), como los que realizamos a través de la tarjeta Solidaridad y el Programa Progresando con Solidaridad, dinamizan los sectores productivos como la agropecuaria y el comercio tanto mayorista como detallista.
Se ha estimado que el gobierno destina 9.4% del PIB a la inversión social en sus ciudadanos. De este porcentaje, un 0.6% le corresponde al Gabinete de Coordinación de las Políticas Sociales, y para el 2013 transferiremos un total de 14 mil millones de pesos a los beneficiarios de los programas sociales, monto que es consumido en 6 mil microempresas (colmados) a nivel nacional, lo que en consecuencia, motoriza la producción, dinamiza la economía de los barrios del país y aporta a la seguridad alimentaria.
La política social está estrechamente vinculada a la productividad, lo cual se refleja en la sostenibilidad de la demanda en comercios locales, generando liquidez en el tiempo, lo que les permite la planificación del crecimiento a futuro de su negocio y el acceso a mercados crediticios formales e informales.
Asimismo, el enfoque y la focalización de Programas como estos permitió que fueran decisivos durante el momento más cruento de la Crisis Económica Mundial. Por un lado, se contribuyó a que las familias fueran menos vulnerables a la crisis y, por el otro, mantuvo la demanda hacia los sectores productivos de la nación, que son los mayores empleadores del país.
Fabio Veras Soares, del Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo, abundaba sobre este tema, afirmando que los países que tenían programas de Transferencia Monetaria Condicionada soportaron mejor los efectos de la crisis económica. Los TMC mitigan a corto plazo el impacto de las crisis y disminuyen los efectos negativos que a largo plazo se generan sobre el bienestar de la población más vulnerable.
Además, se ha comprobado, que estos programas también incrementan el consumo de alimentos en los hogares que no cumplen los criterios de elegibilidad de los programas, y que por ende, no reciben la transferencia monetaria, creando un efecto dominó positivo para la economía.
Con el nuevo enfoque que hemos dado a la política social que realiza directamente el Gabinete de Coordinación de las Políticas Sociales, a través de Progresando con Solidaridad y ADESS, estamos aportando a la importante tarea de proveer a los sectores productivos de mano de obra calificada para las actividades productivas del país.
En ese sentido, estoy plenamente convencida de que la política social tiene que apuntar siempre a la excelencia; a mejorar cada vez más el grado de preparación de los emprendedores y/o trabajadores actuales y potenciales, a la vez que suministra una red de seguridad para quienes no están en condiciones de trabajar.
La política social aporta a un desarrollo sustentable, con un enfoque humanístico del crecimiento económico, el cual, a través de iniciativas articuladas, innovadoras y sostenibles, priorice el bienestar de la población, promueva empleos productivos, incremente la productividad, fomente el emprendimiento, sobre la base de la equidad, la solidaridad y la justicia social.
El gasto social debe ser entendido como una verdadera inversión con retorno. Invertir en los más vulnerables es sin duda invertir en nuevas oportunidades de desarrollo y generación de riqueza y capital humano, en definitiva, invertir en nuestro futuro como nación.
La autora es Vicepresidenta de la República.
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