El Gobierno dominicano
juega con fuego con la migración haitiana. Es un tema de trascendencia nacional
e internacional que no puede por siempre tergiversarse.
Primero,
durante sus 13 años de gobierno, el PLD ha mantenido el mismísimo tollo
migratorio que otros gobiernos. Este tollo se fundamenta en el tráfico ilegal
humano para beneficio gubernamental y empresarial. Se sabe muy bien que la
pobreza y la inestabilidad en Haití generan un caudal de obreros en miseria que
desean emigrar, y al Gobierno dominicano nunca le ha interesado controlar
eficazmente la frontera. Ahí comienza el fuego.
Segundo,
esos inmigrantes han sido empleados masivamente por los empresarios dominicanos
en la agricultura y la construcción, y por el mismísimo gobierno en sus obras
públicas, ya que los haitianos realizan los trabajos más duros en las
condiciones más precarias. El Nueva York chiquito de Leonel Fernández tiene
sello haitiano. ¿Con qué cara puede entonces el Gobierno dominicano hacerse
víctima de la avalancha migratoria, si ha permitido la entrada indiscriminada
de trabajadores haitianos y los ha empleado? Ojo, no fueron las ONG ni los
organismos internacionales que los trajeron ni emplearon. Por tanto, no son
ellos los responsables del incendio.
Tercero,
los braceros que trajeron Trujillo y Balaguer tienen muchos años en República
Dominicana. Procrearon hijos, nietos y bisnietos que se criaron como
dominicanos y muchos no han sido oficialmente declarados. Según la Primera Encuesta
Nacional de Inmigrantes (ENI) 2012, hay actualmente unos 500 mil haitianos y
200 mil descendientes, y según la Junta Central Electoral sólo unos 36 mil en el
registro civil. Es un grupo humano muy grande que se multiplica en pueblos y
campos. La Sentencia TC
168/13 ha declarado a todos esos descendientes como no-dominicanos, e igual
hizo la Suprema Corte
en 2005. Si no son dominicanos quedarán silentes en la ilegalidad, acumulando
pobreza y resentimientos por generaciones. Más leña al fuego.
Cuarto,
un sector beligerante del Gobierno se dedica activamente a azuzar la población
con un fanatismo seudo-nacionalista, y llaman traidores a todo el que cuestione
su parecer o proceder, algo propio de la ideología totalitaria que desde el
poder divide la sociedad en buenos y malos para ejercer su dominio al máximo.
Creen que con kerosene apagarán el fuego.
Desde
1996, el PLD echó su suerte con los sectores más conservadores de la sociedad
dominicana. Los que siempre se han opuesto a los derechos humanos y a la
justicia social. Al abrazarlos, el PLD se hizo artífice de sus causas. Los
réditos son claros: 13 años en el poder con todos los beneficios acumulados.
Como no hay oposición crítica partidaria, aumentan los riesgos de caer en un
fanatismo ideológico expresado en leyes y políticas públicas que tiene como uno
de sus objetivos (no el único) negar derechos a los descendientes de
inmigrantes haitianos.
Nadie
en República Dominicana, fuera del Gobierno y los empresarios explotadores,
desea un tollo migratorio como el existente. Las voces críticas de la Sentencia TC 168/13
no buscamos la haitianización del país, sino leyes justas que reconozcan los
derechos de los descendientes de inmigrantes indocumentados, a quienes la vida
les deparó haber nacido y crecido en territorio dominicano. ¿Qué interés tan
visceral mueve el Gobierno a excluirlos de la nacionalidad si nacieron y se
criaron en República Dominicana? Escoja usted la respuesta.
El
derecho soberano de todo país a establecer los criterios de nacionalidad no es
un derecho soberano a arruinar vidas y esperanzas. Por el bien y la soberanía
de la República
Dominicana , el Gobierno no debe seguir jugando con fuego con
la migración haitiana.
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