En los últimos
años se han producido difíciles negociaciones por el tema de las patentes y
exclusividad que reclaman las grandes multinacionales
El mercado de medicamentos a nivel mundial es una de las
actividades de mayor volumen de negocios que pueden existir, estamos hablando
del movimiento en varios sentidos de aproximadamente 800 mil millones de
dólares, constituyendo Estados Unidos el 45% y América Latina un 10% de la
producción, distribución y dispensación. En los últimos años se han producido difíciles
negociaciones por el tema de las patentes y exclusividad que reclaman las
grandes multinacionales, poseedoras de los laboratorios de investigación, que
experimentan y hacen posible el descubrimiento de nuevas sustancias, y
enfrentan los derechos que reclaman los países emergentes, especialmente
Brasil y la India,
para tratar a los más pobres con los nuevos medicamentos que casi siempre están
fuera del alcance económico de las economías en vías de desarrollo.
Se invierten aproximadamente 800 millones de
dólares en la presentación de cada mezcla de sustancias que llega a las
góndolas de las farmacias, pero el reclamo en disminución de precios y
exclusividad se centra en que más del 70 por ciento de esta inversión proviene
de dinero público, sobre todo en Estados Unidos, que es asignado a los
laboratorios de investigación para las nuevas invenciones.
Esto de que hablamos es el negocio formal, porque
el informal, que no es regulado por los gobiernos, e incluye enormes
exportaciones de las llamadas sustancias ¨naturales¨, la mayor parte de ellas
producidas en China, especialmente medicamentos para adelgazar, fórmulas para
la potencia sexual, multivitamínicos y los que llamamos ¨medicinas milagro¨,
que sirven para todo y en realidad no sirven para nada, es un mercado que mueve
miles de millones de dólares en todo el mundo.
Sin hablar de las falsificaciones, que según la OMS ocupa el 30% de todo el
mercado, con engaño en la composición de las cápsulas, por ejemplo, sustitución
de antibióticos por polvo talco para disminuir costo y estafar a los
adquirientes.
La modalidad del
re-etiquetado
Las casas productoras de medicamentos en todo el
mundo tienen la obligación legal de poner en un lugar visible del empaque la
fecha de caducidad, que no es más que el límite donde se garantiza que la
sustancia activa que lo compone tiene el efecto farmacológico esperado.
Esto se hace, porque en la experimentación y
fabricación, ya se han estudiado las fronteras de tiempo en que un medicamento
es eficaz y en caso de sobrepasar una fecha determinada disminuiría su
actividad química, de modo que no se consigue el efecto esperado y en algunos
casos podría causar daños a la salud de quien lo ingiere.
Existen reglas internacionales, que han sido
incorporadas a la Ley
42-01 que es la Ley
General de Salud en la República Dominicana
y su reglamento de aplicación, que fue discutido y puesto en vigencia por un
decreto presidencial. El mecanismo de descarte es el siguiente:
cualquier medicamento cuya fecha de caducidad esté a tres meses de cumplirse,
debe ser devuelto por las farmacias a los representantes del producto o al
fabricante nacional y estos a su vez deben proceder a certificar su
incineración en el organismo regulador que es el Ministerio de Salud Pública,
que en su condición de rector del sistema sanitario tiene la obligación legal
de controlar la fabricación o importación, distribución y venta al público,
tanto en los centros de salud y farmacias que tiene a su cargo, como en el sector
privado.
En esta compleja red de regulación penetran las
manos criminales que adquieren en algunas partes de la cadena los medicamentos
ya vencidos y que van a ser descartados, por lo tanto económicamente no tienen
valor, y con el simple hecho de cambiarles las etiquetas los devuelven a su
valor original, un negocio más lucrativo que el vender drogas narcóticas.
La cadena económica
El órgano regulador de todo el sistema sanitario
dominicano según la Ley
General de Salud es el Ministerio de Salud Pública. Este
tiene dos funciones: organizar la provisión de salud colectiva y ser el
rector del sistema.
La ley ordena que la provisión de servicios
individuales de salud, esto es, hospitales, clínicas, unidades de primer nivel
de atención laboratorios, farmacias, centros de diagnósticos, etcétera, sean
organizados en una red pública y redes privadas, las cuales sean supervisadas y
reguladas por el Ministerio.
A este paso, que sería el primero para la reforma
estructural del sistema sanitario y adecuarlo a la ley, se le llama la
separación de las funciones del Ministerio y hoy día, a 12 años ya de la
promulgación de la ley, aún no se ha cumplido.
Entonces, mientras el Ministerio de Salud se afana
en mantener un precario servicio hospitalario, el cual debería hace tiempo
estar implementado por la
Red Pública de Servicios de Salud, descuida su rol de
rectoría y regulación, permitiendo distorsiones como las que se producen en el
mercado farmacéutico dominicano.
En cualquier eslabón de la cadena de descarte puede
producirse la venta de parte de personal inescrupuloso de medicamentos ya
vencidos o a punto de vencerse. Se podrían adquirir en la casa distribuidora o
fabricante, que lo recibió como descarte y debe hacer un crédito a la farmacia
que realizó la devolución; podrían venderse las muestras médicas que también
están en la obligación de ser descartadas; también podrían desaparecerse en los
almacenes de salud pública, donde deben ser revisadas e inventariadas antes de
proceder a su incineración.
Una vez adquiridas, el proceso es muy simple,
quitar etiquetas originales y sustituirlas por las de la distribuidora que hace
el fraude, que previamente ha conseguido un registro sanitario para ese
medicamento y solo tiene que cambiarle la etiqueta para hacerlo suyo y ponerlo
en venta de nuevo.
Algo tan simple y sencillo como eso, produce miles
de millones de pesos a los que lo realizan que no son pocos.
Una ciudad llena de
violadores de la ley
El mejor ejemplo de lo que hablamos lo tenemos en
las calles de la ciudad de Moca. Esta comunidad del centro del país se ha
convertido en la muestra más clara de cómo se viola la ley en la República Dominicana,
a la vista de todos y sin que nadie intervenga, ya que, la excusa de que son
padres de familia envuelve a un mercado criminal.
Decimos criminal en dos vertientes, la primera,
porque la violación de la Ley
42-01 en cuanto a la distribución y venta de medicinas de modo ilegal, es un
crimen que es castigado en el Dódigo Penal y conlleva penas de cárcel.
Y en segundo lugar, porque lo que se vende en Moca
en zaguanes, marquesinas, colmados, mesas en la calle y casas de familia son
patentizados sin ningún tipo de control y sin garantía de calidad, ya que la
ley dispone que los medicamentos sean dispensados en farmacias y bajo la
supervisión de profesionales farmacéuticos, que por si no lo sabían, deben ser
graduados de esa profesión en las aulas universitarias.
Así como se consiguen contratos millonarios en las
licitaciones de Promese, en los cuales los precios son un factor determinante
para la adjudicación, también cientos de millones de pesos de medicamentos
falsificados, muestras médicas y fórmulas de fechas vencidas son dispensados a
la vista de todos en Moca y varias ciudades del país, sin que nadie se
atreva a ponerle el cascabel al gato.
Ojalá que el llamado de atención que se ha
desatado en la prensa en los últimos días no sea una alarma más, que quede
silenciada al pasar la fiebre mediática y el figurar en los medios
nacionales.
Con este tema, solo hay que cumplir con la ley,
ahí tiene el Ministerio de Salud y el Ministerio Público trabajo de sobra.
En los últimos
años se han producido difíciles negociaciones por el tema de las patentes y
exclusividad que reclaman las grandes multinacionales
OPINIÓN
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