Santo Domingo.- La
Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, reclamó al procurador
Francisco Domínguez Brito que refuerce con más abogados a la Oficina de
Representación Legal de los Derechos de las Víctimas, para que accione
igual que la Oficina Nacional de Defensoría Pública, que defiende a
los imputados de los delitos penales.
La asistencia legal gratuita a
las víctimas está establecida en la Constitución y en el Código Procesal Penal.
La Defensora del Pueblo entiende
que los defensores asignados a las víctimas no son suficientes y dijo que
le sorprende la facilidad con que son descargados en los procesos penales los
sometidos a la acción de la justicia por violaciones penales.
Dice la funcionaria que esos
acusados por hacerles daño a la sociedad son asistidos en su defensa por
formidables abogados y abogadas pertenecientes a la Defensoría Pública.
Martínez Guante cree conveniente
visitar al presidente de la República, Danilo Medina, para
exponerle la necesidad de aumentar la asignación de fondos para el Departamento
de Representación Legal de las Víctimas, de la Procuraduría, las cuales son
mutiladas, asaltadas, amedrentadas con revolver y tiros, robadas y asesinadas.
Denunció que los familiares de
esas víctimas o los sobrevivientes de las mismas tienen que procurarse medios
de defensa, cubriendo con sus propios recursos el proceso, abandonado muchas
veces por los tantos reenvíos, cansancio, agotamiento, indignación o por falta
de recursos económicos.
Explica la Defensora del Pueblo
que esa situación es angustiosa y abusiva para las personas que se convierten
doblemente en víctimas, como es el caso de la arquitecta Francina
Hungría, quien perdió la visión producto de un acto delictivo.
Llamó a redoblar los esfuerzos y
sentar precedentes de que las víctimas tengan quien las defienda desde el
Estado, por lo que se debe buscar salida al reforzamiento del
Departamento de Defensores de las Víctimas de la Procuraduría General de la
República.
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