Por MANUEL MOISES MONTAS
No más impuestos, ¡Carajo!. Debería ser la consigna del buen dominicano, frente a cualquier nuevo intento de las actuales autoridades de incrementar la presión tributaria, a falta de mayores garantías respecto al endeudamiento acelerado e irresponsable, la magnitud del déficit fiscal, la calidad y transparencia del gasto público; elementos que se supone deberían ser contemplados en el Pacto Fiscal que plantea nuestra Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 01-12).
En los últimos catorce años, hemos asistido a un importante incremento en las recaudaciones fiscales y la deuda pública consolidada del gobierno dominicano, sin que se hayan registrado mejoras considerables en la calidad de vida de los ciudadanos.
Antes bien, como atinadamente observa el Banco Mundial en su informe “La Prosperidad No Compartida”, los gobiernos dominicanos han sido claramente ineficaces en la reducción de la pobreza. Solamente 3.2% de las familias pobres en el año 2000 mejoraron ligeramente sus ingresos en el año 2011, mientras que alrededor del 19% de los ciudadanos de medianos ingresos pasaron a pobres.
Por si lo anterior no fuese suficiente, conviene recordar aquí que la última administración del Dr. Leonel Fernández cerró con un deficit fiscal enorme (7.9% del Producto Interno Bruto según el Banco Central).
Esta situación que facilitó al gobierno los fondos necesarios para ganar unas elecciones presidenciales muy reñidas y, a la vez, garantizar la impunidad y libertad de todos los implicados en los numerosos escándalos de corrupción que, por aquel entonces, motivaron numerosas denuncias y movilizaciones populares.
En los últimos dos años, el resentimiento económico consecuente y consustancial a la existencia de la actual gestión, ha sido manejado desde una perspectiva fundamentalmente mediática, probablemente encaminada a distraer a la población lo suficiente como para no obligar al gobierno a hacer nada verdaderamente importante en cuatro años de los cuales apenas quedan la mitad.
Lo cierto es que mientras la opinión pública se divide entre la “posible” modificación del Código de Trabajo, los impuestos a las compras por internet, la declaración de Loma de Miranda como Parque Nacional, las vagabunderías de Miguelito en el PRD, La Convergencia y otros temas de menor envergadura, el tiempo pasa, los combustibles suben, los apagones aumentan y nuestra gente se muere de hambre.
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