El proyecto de ley de partidos y agrupaciones
políticas sometido al Congreso Nacional por el gobernante Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) desconoce los diversos consensos establecidos en los últimos 16 años con
las demás organizaciones políticas y la sociedad civil para el mejoramiento de
la institucionalidad democrática.
Resalta la progresiva derechización del partido que
fundó el profesor Juan Bosch desde una perspectiva de izquierda revolucionaria,
que ahora se aferra a visiones autoritarias, rechaza la sociedad civil y se niega
a transparentar el financiamiento de la política.
Una dilatada respuesta
Para muchos fue una sorpresa que después de 16 años
de consensos sobre una ley de partidos políticos, cuando ya había resignación a
que el congreso bajo control del PLD no la aprobaría, se presentara una
propuesta que niega aspectos fundamentales de la legislación. El primer
consenso sobre la ley de partidos se logró en 1999 por iniciativa de la Comisión Presidencial
para Reforma y Modernización del Estado creada por el primer presidente
peledeísta Leonel Fernández. La iniciativa se originó en el Diálogo Nacional
que este mandatario auspició durante varias semanas en 1998.
El primer borrador de ley de partidos fue entregado
al presidente Fernández en 1999, pero concluyó su período el año siguiente sin
enviarlo al Congreso Nacional, En su elaboración participaron entidades del
Estado, representantes de los diversos partidos y de entidades variadas de la
sociedad civil. A partir del 2000, el nuevo gobierno, entonces del Partido
Revolucionario Dominicano, volvió a auspiciar consenso sobre el proyecto, esta
vez a través del Consejo Nacional para Reforma del Estado. Cuando se repitió la
indiferencia presidencial, diversos legisladores llevaron el proyecto al Congreso,
donde sería introducido una decena de veces desde entonces.
Todavía en el 2005 tras retomar el poder un año
antes, el PLD volvió a convocar a las fuerzas sociales para concertar sobre
reformas democráticas sociales e institucionales. Tras la firma del pacto entre
el presidente Fernández y Miguel Vargas en el 2009 para viabilizar la
aprobación de la actual Constitución, el mandatario se comprometió a aprobar de
inmediato la ley de partidos, lo que sigue sin ocurrir cinco años y medio
después.
El último compromiso lo asumió el presidente Danilo
Medina el 30 de marzo del 2012, cuando firmó un pacto de campaña electoral con
los también candidatos presidenciales Hipólito Mejía, Max Puig y Eduardo
Estrella. Fue todo un acontecimiento en la Universidad Católica
Madre y Maestra, con su rector Agripino Núñez, el presidente de la JCE Roberto Rosario
como testigos. Entre otros aspectos el pacto consignaba la aprobación “este
mismo año” de los proyectos de leyes de partido y orgánica del régimen
electoral, que el año anterior había presentado la JCE. Ninguna de las
dos leyes ha sido aprobada.
Rechazos fundamentados
El proyecto del PLD ha sido calificado de regresivo,
con rechazo absoluto y fundamentado por numerosas instituciones y analistas
sociales, resaltando en primer lugar la Fundación
Institucionalidad y Justicia (Finjus), y esta semana el
movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) y el Partido Revolucionario
Moderno (PRM). Las dos instituciones sociales fueron partícipes relevantes
desde el inicio de las múltiples concertaciones sobre las reformas electorales
y se han mantenido coherentes. Igual Milagros Ortiz Bosch, quien fue la vocera
de la posición del PRM, pero el partido de donde proviene tampoco aprobó la ley
aunque mantuvo mayoría durante dos períodos legislativos, entre 1996 y 2006.
Tuvieron tanta fuerza que en el 2002 reunieron dos tercios de los votos
congresuales para reformar la
Constitución y posibilitar la repostulación del entonces
presidente Hipólito Mejía.
Las críticas a la propuesta de los peledeístas se
concentran en que reniegan de los aspectos fundamentales de los consensos en
que fueron protagonistas, como la institución de las elecciones primarias para
escoger candidaturas por el voto universal de los militantes y simpatizantes.
Al respecto la única diferencia que persistía era si las primarias debían ser
simultáneas y en la cuota de candidaturas a ser atribuidas a dirigentes
notables y aliados, que giraba entre 15 y 25 por ciento y la JCE propuso en 20.
Otro de los consensos básicos es que la ley debe
forzar un control y transparencia del financiamiento de las campañas
electorales, para abaratar el alto costo de la democracia dominicana,
garantizando mayor equidad y evitando el uso de los recursos del Estado y del
financiamiento de otras fuentes ilícitas, como el narcotráfico, aspectos
reducidos en el anteproyecto del PLD, que incluso elimina la previsión de la JCE de prohibir los actos de
inauguración de obras públicas durante los últimos seis meses de la campaña
electoral.
También se critica que el PLD suprimiera la cuota
femenina del 33 por ciento en la dirección de los partidos, manteniéndola en
las candidaturas, cuando estas deben nutrirse de una mayor participación de la
mujer en las actividades políticas. Igual la reducción, del 25 al 10 por
ciento, de la proporción del financiamiento público que los partidos deben
destinar a la educación de sus miembros, anulándolo en los años de elecciones,
cuando reciben el doble. Y plantean que el subsidio sea decidido cada año por
el Congreso, lo que se traduciría en aumentos.
Retroceso y burla
Finjus y PC han llamado al PLD a retomar la consulta
y el consenso que planteó en años anteriores. La primera plantea que la
propuesta peledeísta incluye cambios que “desnaturalizarían la función de los
partidos políticos y de ser aprobados, significarían un importante retroceso en
las reformas que se han introducido al nuevo diseño institucional de la
política en el país, y lo peor, no toman en consideración las aspiraciones y la
conciencia democrática que ha ido ganando terreno en todos los sectores claves
de la nación”. Agrega que desvirtúa la naturaleza de una ley de partidos.
El documento de la Finjus deja explícita una veintena de rechazos a
las formulaciones del PLD y llama a todos los sectores sociales comprometidos
con el fortalecimiento de la democracia a seguir insistiendo en “una ley de
partidos que contribuya al ejercicio de la democracia interna y la promoción
efectiva de valores como la transparencia y la lealtad constitucional en todo
nuestro sistema democrático”.
El también extenso documento de Participación
Ciudadana rechaza 24 planteamientos de la propuesta del PLD, partiendo de la
defensa del proyecto introducido en el 2011 por la JCE , el cual considera fruto
del largo proceso de discusión que involucró “no sólo a los partidos y órganos
estatales, sino también a instituciones de la sociedad civil”.
PC expresa su temor de que el partido gobernante
aplique su mayoría congresual en “una imposición que no se corresponde con los
avances democráticos de las últimas décadas”, lo que “sería una enorme burla a
las expectativas de tantos años” e invita a la sociedad dominicana a
reivindicar la consulta y el consenso como mecanismos de fortalecimiento de la
institucionalidad democrática.
PLD más autosuficiente
La dilación en responder los reclamos de la ley de
partidos y la ruptura de consensos en los que participó, claramente manifiesto
en su propuesta, revelan a un PLD cada vez más autosuficiente, que cree poder
imponerse sobre el conjunto de la sociedad, por el control que mantiene de los
órganos del Estado, sin suficiente consideración de que en la última elección
presidencial sus electores propios se redujeron en 200 mil.
Su posición cada vez más derechista y autoritaria
queda de manifiesto en varios de los planteamientos del proyecto de la JCE que propone eliminar,
señalados en el análisis comparativo de PC, como “Respetar el desarrollo, la
integridad e independencia de las organizaciones de la sociedad civil”. También
cuando suprime “el reconocimiento de los derechos de las minorías”.
Otra expresión de autosuficiencia se encuentra en la
supresión de la definición de los partidos, cuando dice que deben influir
“expresando la voluntad ciudadana para servir al interés nacional y propiciar
el bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad”. También al
suprimir el párrafo que estipula que los partidos “deben contribuir con la
formación de los y las ciudadanas en materia de ética ciudadana, educación
cívica y manejo de las funciones públicas”.
La propuesta peledeísta es tan prepotente que parece
destinada a producir un largo debate para llegar a las próximas elecciones sin
la ley de partidos y sin la nueva ley orgánica electoral, ambas fruto de la
contratación por la JCE
de una misión técnica de la
Organización de Estados Americanos que también consultó a los
partidos y organizaciones sociales. De hecho, ya hace tiempo que está en marcha
una desbordada campaña interna por las candidaturas para el 2016, que entre los
peledeístas ya conlleva una enorme inversión que sólo se explica en desvíos de
fondos públicos y tráfico de influencia.
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