El ministro administrativo de la presidencia, José
Ramón Peralta, expresó que le causa extrañeza que la sociedad civil y los
partidos de la oposición “ahora están pidiendo que el Presidente violente la
Constitución, que el Poder Ejecutivo se involucre en las decisiones del Poder
Legislativo”. (DL. 26.09.16)
A criterio de este alto funcionario, la
participación de Danilo Medina en un pacto político para integrar una Junta
Central Electoral por consenso, que es lo que está planteando el bloque de
partidos de oposición, violaría la Constitución de la República.
Como conocemos de la capacidad de manipulación del
partido gobernante, tenemos que desentrañar la verdad de este nuevo ejercicio
de tergiversación de la realidad.
Comencemos por señalar que en el Estado hay dos formas de elección de
las autoridades. De manera directa por el voto popular (presidente, senadores,
diputados, alcaldes, regidores) y las que se eligen de forma indirecta, en el
Consejo Nacional de la Magistratura y el Senado.
Estos dos sistemas de elección no se dan por azar. Si observamos, la
elección directa obliga que los candidatos sean militantes políticos activos o,
en todo caso, ser propuestos al electorado en la boleta de un partido político.
Por tanto, no es casual que los órganos integrados por éstos —Poder Ejecutivo,
Congreso Nacional, Ayuntamiento Municipal— son los que en el Estado tienen un
definido carácter político.
Por su parte, las autoridades de elección indirecta, sin ignorar que son
parte integrante del poder político del Estado, cumplen una función arbitral en
la solución de los conflictos propios de una sociedad democrática. Así tenemos,
dicho de modo muy general, que el Tribunal Constitucional se ocupa de resolver
los conflictos sobre la constitucionalidad; la SCJ decide sobre la
interpretación de las normas; la JCE es la responsable de organizar procesos
electorales competitivos entre una pluralidad de partidos; el TSE decide los
conflictos derivados de los procesos electorales y en los partidos políticos;
la Cámara de Cuentas ejerce el control fiscal externo de los recursos públicos.
Es pues, la naturaleza misma de las funciones propias de estos órganos
la que impone que sus integrantes no provengan de una elección directa en la
boleta de un partido político. De hacerse así, se estaría llevando a un
militante político activo a una función arbitral, con el riesgo de que, en el
desempeño de la función, en él prevalezcan las lealtades y los intereses del
partido que lo postuló en su boleta.
La elección indirecta busca resolver esta tensión en cuanto exonera a
quien pretende asumir una función arbitral de no tener que postularse desde una
plataforma partidaria. Esta circunstancia permite que la elección del árbitro
pueda hacerse entonces valorando, en los ciudadanos y ciudadanas que se
postulen, su integridad, carácter, capacidad, independencia e imparcialidad,
condiciones necesarias en la función arbitral.
Entonces, la cuestión de la integración de los órganos arbitrales no
está en si los partidos pueden o no trazarle pautas a sus miembros que integran
los órganos de elección indirecta, en este caso, el Senado y el Consejo de la
Magistratura, sino que al hacerlo, el partido o el líder político, tiene como
límite, en cualquier directriz o pacto, el respeto de la Constitución y las
leyes.
En este contexto, lo que si resultaría contrario a la Constitución es
que el Presidente de la República, valiéndose de una mayoría partidaria,
instruyera a sus senadores para que éstos elijan, en este caso a los miembros
de la JCE, haciendo prevalecer para la elección, la disposición del candidato a
actuar con lealtad y sumisión a los intereses del partido oficial. Se trataría
de un fraude a la Constitución y, aunque se cumpla con las formalidades, en
realidad se estaría violentado el propósito constitucional que motiva que sea
por vía indirecta la elección de las autoridades encargadas de integrar los
órganos responsables de arbitrar los conflictos en la sociedad.
Es decir, ministro Peralta, no es violatorio de la Constitución que el
Presidente, en su condición de líder de su partido, intervenga con sus
legisladores para avanzar un pacto político que permita consensuar entre los
actores políticos, en este caso, la integración de una JCE imparcial, como es
lo propio de todo árbitro. Ahora bien, lo que si sería contrario a nuestra
Carta Magna es que Danilo Medina instruya o pacte para que por vía de su
mayoría en el senado se imponga una JCE parcial y al servicio de los intereses
de su partido.
Confieso que sorprende cómo personajes como el ministro Peralta, sin
ningún rubor, dicen cualquier cosa por la conveniencia política del momento.
Piensan que no tenemos memoria y que ya olvidamos cómo se fraguó y ejecutó,
apenas en el 2015, un crimen contra la Constitución, comprando legisladores,
para introducir la reelección presidencial.
Es por eso que la ciudadanía ha visto, tantas veces, a estos súper
funcionarios, que como dice el cantor, cuando ya no están parapetados en un
cargo público, “como los fantasmas, no son nada si les quitas la sábana.”
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