Por: JUAN BOLIVAR DÍAZ
El expediente con que la Procuraduría General de la
República imputa a 14 personas es un intento por repartir responsabilidades y
contener la indignación por el escándalo Odebrecht cargando el dado a la
oposición política que aprobó sólo dos de los 17 contratos, apenas el 5% de la
inversión, aunque reconoce que hubo sobornos en todos los casos.
En la mayoría de las imputaciones se presume
enriquecimiento ilícito de poca monta derivado de las declaraciones juradas de
bienes, pero sin aportar testimonios ni pruebas de que recibieron sobornos,
resaltando la documentación incriminatoria de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, y
sin el menor esfuerzo por dilucidar el financiamiento de campañas electorales.
Muy pocas sorpresas
El expediente, que
pudo haber sido hecho en enero cuando ya la mayoría de los imputados eran
señalados en los ámbitos gubernamentales, donde argumentaban que sería caótico
procesar a todos los sobornados por Odebrecht, no presenta la prometida lista
con nombres y montos. Las mayores sorpresas fueron las inclusiones del ministro
Temístocles Montás y del experto en energía Bernardo Castellanos. Todos los
demás estaban destinados al sacrificio, antes de que se conociera ningún
documento de las investigaciones en Brasil. Mencionaban también al secretario
general del PRM, Jesús Vásquez, pero parece suficiente que incluyeran a su
presidente Andrés Bautista y al secretario general del DN Alfredo Pacheco, y a
otros cuatro vinculados. Como también se voceó, dejaron sin imputar a una hija
de Rondón y al yerno de Díaz Rúa, aunque ambos aparecen con cargos específicos
en el extenso documento de 336 páginas.
Más allá de Ángel Rondón, a quien
Odebrecht identificó desde enero como distribuidor de los 92 millones de
dólares de sobornos en el país, y de Víctor Díaz Rúa, quien firmó la mayoría de
los contratos, sólo Temístocles Montás es identificado como receptor de dinero
de Odebrecht para financiamiento político, y facilitador de aprobaciones
congresuales,lo que contradice su imagen de peledeista ortodoxo, frugal y de
poca acumulación de bienes.
Montás reconoce que recibió
contribuciones de Rondón, para campañas electorales del PLD, pero no como
contrapartida, pues no negoció, ni firmó ni aprobó proyectos ni su
financiamiento, señalando a los que sí lo hicieron. De sus declaraciones
juradas de bienes se le resalta un incremento de 4.9 a 39.9 millones de pesos,
entre el 2004 y 2016. La PGR sólo le atribuye el salario inicial de 75 mil
pesos, ignorando que desde 2010 subió a 300 mil, y que recibía otros 262 mil
mensuales como miembro del Consejo del INDOTEL.
Ángel Rondón y Díaz Rúa
Las imputaciones más documentadas son
las de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Al primero se le documenta como el gran
sobornador, que recibió 81.2 millones de dólares de cinco firmas de Odebrecht,
a sus empresas Loshan y Conamsa entre el 2007-15, con la movilización bancaria
de 844.2 millones de pesos y 80.6 millones de dólares, entre 2007-17. Ya en
enero aceptó haber recibido 92 millones de dólares, pero aduce que como pago de
comisiones por representación de la constructora. Le atribuyen 40 empresas. A
su hija Angelina Rondón, la señalan como accionista de sus empresas y receptora
de 326 millones de pesos y 14.7 millones de dólares entre 2007-14. Pero ella no
es imputada, como tampoco el primo Kelly M. Rondón, implicado como gerente
administrativo de Conamsa.
El expediente es abundante sobre Díaz
Rúa, firmante de la mayoría de los contratos con Odebrecht, por 2 mil 370.8
millones de dólares, como director de INAPA y Ministro de Obras Públicas, en el
gobierno de Leonel Fernández. De sus declaraciones de bienes le resaltan un
incremento de 63.5 millones de pesos en el 2004, a 153 en el 2006 y a 414
millones de pesos en el 2008. El exrepresentante de la empresa brasileña en el
país, Marcos Vasconcelos, le imputa sobornos de 6.6 y 3.2 millones de dólares,
y de haber cobrado comisiones de 1.25% de valores contratados, en asociación
con su abogado Conrado Pittaluga, imputado por la PGR. También le atribuyen
haber logrado la aprobación irregular, de urgencia, de contratos y adendas de
los mismos. Su yerno, Leonardo Guzmán Font, aparece como asesor financiero de
Pittaluga y comisario de cuentas y receptor de pagos por 400 mil dólares, pero
no es imputado.
Sin sobornos específicos
A la mayoría de los imputados no se les
señalan sobornos específicos, pero sí les presumen enriquecimiento ilícito
partiendo de sus declaraciones juradas de bienes, algunas incompletas y
violatorias de la ley. Entre los más comprometidos aparecen Radhamés Segura,
administrador de la CDEE (2004-09)en el gobierno de Fernández, y el director de
Inapa en el de Hipólito Mejía, y luego legislador Roberto Rodríguez, firmante y
ejecutor de la mayor parte del primer contrato con Odebrecht, el del Acueducto
del Noroeste. Le documentan dos depósitos de 50 millones de pesos cada uno en
una cuenta bancaria en días sucesivos de abril del 2006 y de haber elevado su
patrimonio de 17 millones de pesos en 2006, a 65 millones en 2016.
A Segura se le responsabiliza de haber
elevado en 187 millones de dólares el costo de la hidroeléctrica de Pinalito,
que contratada por 131 millones, terminaría en 361 millones de dólares, tras
múltiples adendas. También de irregularidades en la contratación de la
hidroeléctrica Palomino en el 2005, por 225 millones de dólares que concluiría
en 592.8 millones de dólares. Con incremento patrimonial de 28.2 a 73 millones
de pesos del 2004-08.
A Andrés Bautista, presidente del
Senado 2001-06, le presume enriquecimiento ilícito por haber adquirido
inmuebles por 43.6 millones de pesos entre el 1995 y 2008. Lo relacionan sin
aportar pruebas con la aprobación de la presa de Pinalito en el gobierno de
Mejía y los financiamientos de Palomino en el de Fernández. Le señalan
participación accionaria en 12 empresas, sin especificar montos.
Al senador Tommy Galán le atribuyen
enriquecimiento ilícito, con incremento patrimonial de 10.8 millones a 49.9
millones de pesos entre 2006-16 y no haber declarado acciones en 5 empresas, en
tres con menos del 5%. Al senador Julio César Valentín el incremento de
patrimonio de 10.8 millones a 49.9 (2006/16) Le documentan en la DGII 8
vehículos de lujo, aunque sólo incluye uno en su declaración jurada. Al
diputado Alfredo Pacheco, quien presidió la cámara por dos años, le registran
un incremento patrimonial de 5.1 a 30 millones de pesos entre 2006-16 y le
imputan no haber declarado dos solares valorados en 43 millones de pesos.
Camino a la impunidad
Si en algo es acertado el expediente de
la PGR es en haber documentado la corrupción de Odebrecht en sus transferencias
a Rondón, pero tal como se advirtió, la justicia de Brasil no tenía la
distribución detallada de los sobornos, lo que deberían aportar los ejecutivos
de la constructora en el país, de acuerdo al pacto de impunidad que se les
concedió y que les permite seguir operando aquí. Pero la PGR parece haber
olvidado ese compromiso.
La mayoría de los 14 imputados podrían
quedar libres si no se aportan indicios o pruebas mayores que el incremento de
patrimonios que no llegan a un millón de dólares, en años, y que podrían ser
justificados con ingresos no ponderados, como ya ha indicado Temístocles
Montás, o de actividades como las agropecuarias de Andrés Bautista. Tal vez
podrían ser condenados por falsedad en las declaraciones juradas, las que miles
de funcionarios no han hecho.
La desconfianza en las instituciones
determina que la opinión prevaleciente rechace la temeraria opinión del
Procurador Jean Alain Rodríguez, de que los sobornados “están todos los que son
y son todos los que están”. Pero el espectáculo ha sido montado con el objetivo
de reducir la indignación nacional.
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