Raquel Ejerique - eldiario.es
La Real Academia Española es la guardiana de la lengua –"limpia, fija y da esplendor", su lema desde 1715– pero no es una institución pública, sino privada, una "institución jurídica con personalidad propia", pese a que se le asigna un carácter oficial y un interés público, a falta de un organismo estatal en España. Como prueba, el Gobierno le ha encargado el informe sobre la inclusión de género de la Constitución. "El Estado no se ocupa de regular la lengua y, desde hace 300, años ha confiado esa tarea en la RAE, que se dedica a actividades de interés general", puntualiza a eldiario.es su director, Santiago Muñoz Machado.
La Corona española ha sido su protectora desde que nació,
en 1713, e incluso el Rey Juan Carlos puso de 'su' bolsillo un
millón de pesetas cuando Felipe González impulsó la Fundación Pro Real Academia
en 1993, la pata que aglutina la financiación privada de la institución, que es
la mayoritaria. Aunque la Academia no especifica la cantidad, podría ser
de hasta cinco millones anuales (según cálculos sobre su
propio presupuesto anual, de siete millones y medio). Al dinero privado hay que
sumarle una subvención pública anual y el dinero obtenido por la venta de sus
publicaciones, un ingreso que ha caído en picado por la crisis de los volúmenes
en papel.
La Fundación privada está presidida por el rey Felipe VI y
por el gobernador del Banco de España y su finalidad es apoyar y financiar a la
RAE. Forman parte de ella los grandes nombres de la empresa española y del IBEX
35, como Ana Patricia Botín (Santander), el presidente de Repsol, La Caixa,
Prisa, Telefónica o Iberdrola. También aparece en la lista de patronos el
constructor Villar Mir, en representación de su propia fundación. Las grandes
compañías son precisamente las principales benefactoras de la RAE, aunque
también hay particulares. Por ejemplo, una donación de Inditex de 1,6 millones
al año hizo avanzar el Diccionario Histórico. La Caixa patrocina el diccionario
online y gratuito en la red. La Fundación Iberdrola firmó un convenio de
100.000 euros para la nueva edición del Diccionario.
El primer órgano rector estaba formado por Mario Conde o
Emilio Botín y apadrinó el acto el Rey
Juan Carlos, que agradeció a las comunidades autónomas su "sensibilidad
nacional", según las crónicas del momento como la de El País,
después de que dieran 10 millones de pesetas cada una para la constitución de
esta fundación. Actualmente son
patronos Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, o Guillermo
Fernández Vara, presidente de Extremadura. Sobre si las comunidades siguen
aportando dinero, fuentes de la RAE responden que "o no aportan nada o lo
hacen con importes de cuantía menor", sin dar más detalle.
Parte de ese dinero que se recauda sobre todo de compañías
y entidades bancarias se gasta, pero otra parte se acumula, según las cuentas
de la Fundación, a las que ha tenido acceso eldiario.es a través de una
pregunta en el Portal de Transparencia. En 2016 (últimas cuentas accesibles) la
Fundación pro RAE tenía 16 millones de euros invertidos en acciones (como
Indra, Inditex o Gas Natural), fondos de inversión (Caixabank), bonos (524.000
en el Gobierno de la Comunidad de Madrid o 100.000 en Goldman Sachs o Morgan
Stanley) y depósitos bancarios (6 millones). A esta cantidad hay que sumar 1,3
millones en cuentas bancarias. Todo este dinero y los intereses que pudieran
generar aparecen vinculados a una utilización para "fines
fundacionales", es decir, para dotar de financiación a la RAE.
Aunque no pertenece a la administración pública, los
ingresos públicos son otra parte fundamental para el funcionamiento de la
Academia y una reclamación permanente de los sucesivos directores. El
penúltimo, Darío Villanueva, explicaba en 2018 que estaban intentando que el
entonces ministro Iñigo Méndez de Vigo (PP) aumentara el dinero a cargo de los
Presupuestos Generales del Estado, que entonces era de 1,6 millones: "Que
quede claro que no estamos pidiendo un incremento de la asignación
presupuestaria, porque asumimos la crisis que ha afectado a muchos, sino que el
Estado adquiera licencias de Enclave [un canal premium] y esa retribución del
servicio que proporcionamos nos permita recuperar el nivel de financiación del año
2008", decía a Europa Press.
La crisis hizo mella en esta institución –cuya obra
estrella es el Diccionario y que también ha elaborado el Panhispánico de Dudas,
el Histórico, puso en marcha el servicio de consultas y volcó el diccionario en
internet de forma gratuita– aunque siguió teniendo saludables excedentes en su
parte privada. La Fundación pro RAE pasó de 23 millones en 2013 a 18 millones
en 2016, según sus cuentas. Fuentes de la Academia dicen que el saldo de su
fundación "se ha mantenido estable" estos años, "unos 16
millones de euros". El presupuesto público de la Academia cayó más: si
entre 2007 y 2012 era de casi cuatro millones de euros al año, con los recortes
que impuso Rajoy esa cantidad bajó a los 1,6 millones, un importe que se ha
mantenido hasta 2019.
Aumento de la subvención
Sin embargo, y tras algunas reuniones y reclamaciones, el
ministro Pedro Duque salió al rescate en la anterior legislatura y firmó un
convenio con el director que multiplica los ingresos de la RAE. El acuerdo,
según lo aprobado en el Consejo de Ministros el pasado marzo, supone que le darán a la Academia cinco millones de euros públicos al
año durante 2020, 2021 y 2022, lo que permitirá unos ingresos por encima del
nivel precrisis. Los proyectos en los que se emplearán, según el convenio,
es la actualización de obras que ya existen como el Diccionario, y proyectos de
digitalización y la promoción del español o formación. Desde la RAE aseguran
que "los recursos disponibles se aplican por completo a la retribución de
su personal y al desarrollo de proyectos". Entre los que trabaja
actualmente y en los que empleará ese dinero está una nueva versión del
Diccionario, la actualización de varias obras o "evitar la rotura del
español tratando de uniformar el español que usan los instrumentos
digitales", un proyecto denominado Lengua Española e Inteligencia
Artificial.
ero el modelo de la RAE, amparada por los reyes, grandes
empresas y los sucesivos gobiernos, tiene también críticos. El catedrático
Carlos Subirats, de la Universidad Autónoma de Barcelona, es uno de ellos:
"Las academias son anacrónicas y su incidencia en el mundo actual es
nula", sostiene. "El problema de la lengua no es si se acepta una
palabra o si 'sólo' lleva o no acento, el reto es el procesamiento de textos
por medios electrónicos, por ejemplo, crear programas que entiendan textos
enormes y te devuelvan una respuesta", continúa Subirats, director del
proyecto del Diccionario Electrónico en Español y numerosos grupos de
investigación. "La lingüística no es una cosa de letras y normas, implica
neurociencias, psicología, ciencia computacional, inteligencia
artificial...".
El catedrático, autor de algunos artículos críticos con la
Academia, también lamenta que esos cinco millones de euros públicos se den
directamente a la RAE en lugar de a proyectos concretos más diversos por medio
de concursos y relacionados con asuntos más de futuro como la computación,
"que es lo que demanda Google y el capitalismo, por otra parte".
El académico Pedro Álvarez de Miranda, director de la 23ª
edición del Diccionario, tiene una visión distinta: "El Gobierno tiene una
responsabilidad moral sobre las academias, para que no desaparezcan por falta
de medios, y eso debería seguir siendo así. El Estado no las debería abandonar
a su suerte, alguna responsabilidad cabe", dice a eldiario.es.
Muñoz Machado defiende, frente a la crítica de exceso de
normativismo, que "la RAE tiene que centrar su actividad en los fines que
le marcan sus estatutos. Desde su fundación, el diccionario, la gramática, la
ortografía y la edición de obras representativas de la mejor literatura en
castellano han sido sus misiones fundamentales. Estas obras hay que mantenerlas
al día porque la lengua evoluciona y nuestros textos marcan la normativa, la
pauta que siguen los quinientos millones de hispanohablantes. Somos la entidad
reguladora de la lengua, junto a las Academias integradas en la asociación
Asale. Y lo hacemos a través de esas obras".
Silvia Senz, lingüista, también pone sombras a la
institución o, más bien, a la gestión pública que se ha hecho en relación a
ella. Es coeditora de El dardo en la Academia, un volumen crítico
con la RAE, de la que destaca su ventaja en el apoyo institucional. Contactada
hace un tiempo por eldiario.es, Senz se remite a sus escritos. En la obra que
coordina con Montserrat Alberte destaca "cómo una institución
normalizadora semipública, con una producción menos abundante de lo que
aparenta y mucho menos consistente y actualizada de lo que es exigible, puede
haber llegado a ejercer una influencia social sostenida sobre los hablantes de
español de ambos lados del Atlántico". También ha puesto en duda la
pertinencia de crear en 1993 una fundación para dotar de fondos la Academia, en
la que ve una estrategia para que la RAE mantuviera "su preeminencia como
organismo estandarizador oficial (...) sin necesidad de que se creara una
institución de política lingüística estatal para el castellano, que podría
haber despertado las suspicacias de los nacionalismos periféricos".
La influencia de la RAE es manifiesta y se encarna, en gran
parte, en la cara visible de la institución, los 46 académicos, que no siempre
son los que hacen el trabajo principal, del que se encargan empleados de la
institución (unos 80, con un salario medio de 39.000 euros, el del director es
de 65.000). Los académicos se reúnen los jueves por la tarde en sesión de una
hora, según los estatutos, que también establecen que su nombramiento salga en
el BOE. No tienen salario, pero cobran dietas de 141 euros por día.
Son mayoritariamente hombres, ya que solo ocho puestos
están ocupados por mujeres (la web aún mantiene a la fallecida Margarita
Salas), siendo 1979 el año en el que entró la primera mujer académica, Carmen
Conde. El pleno de la RAE incumple de largo la ley de paridad, aunque al
tratarse de una institución privada no está obligada a observarla. El hecho de
que los cargos sean vitalicios ralentiza la igualdad pero, aunque es cierto que
en la última década se ha nombrado a más mujeres, desde 2009 las
incorporaciones han sido mayoritariamente de académicos hombres (doce frente a
seis mujeres).
Estos académicos forman el pleno, que debate sobre asuntos
de la institución y propone nuevas palabras. El recorrido para que llegue al
Diccionario y esa palabra sea normativa es complejo, como explican fuentes de
la propia institución: tras la propuesta, se consulta el "corpus de la
academia, si la palabra se usa" en compilaciones de "millones de
formas", se buscan ejemplos en literatura o periódicos y se pasa la
documentación a "alguna de las seis comisiones de trabajo integradas por
académicos". Luego se envía la propuesta a las otras academias de lengua
española para que se acuerden o no modificaciones. Después de todo eso, la
palabra vuelve al pleno y si ha pasado todos los filtros y hay un veredicto
positivo, se incluye en el Diccionario. Y así viene siendo desde hace siglos.
¿No se limita demasiado la Academia a labores de normativa,
incorporación de palabras y reedición del Diccionario mientras la lengua avanza
y tiene retos tecnológicos? El director explica que la institución usa
herramientas digitales punteras y reivindica el servicio que se da con el
diccionario online: "¿Quién puede decir con seriedad que no estamos
metidos hasta el fondo en el universo digital? Nunca en toda su historia
nuestro Diccionario ha sido más útil para más personas de todo el mundo: recibe
sesenta millones de visitas al mes. En la mejor época de la edición impresa del
Diccionario llegaba a venderse una cifra próxima al millón de ejemplares en 12
años. De manera que nada más lejano a la realidad que afirmar que es un producto
que ha dejado de interesar".
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