Por
Yisel De León
Estudio del año 2020, hecho en
Estados Unidos documenta cómo el mecanismo de detención preventiva sigue
contribuyendo a la sobrepoblación carcelaria en América Latina, lo que favorece
el reclutamiento por parte de las pandillas, así como la violencia y las
violaciones a los derechos humanos de los privados de la libertad.
Los países latinoamericanos
siguen abusando de la detención preventiva —la retención de personas que han
sido investigadas por delitos, pero aún no han sido juzgadas— para lidiar con
las altas tasas de criminalidad, pese al hecho de que el encarcelamiento
apuntala las organizaciones criminales que operan en las prisiones, como lo
muestra el informe por países sobre prácticas de derechos humanos 2019 (2019
Country Reports on Human Rights Practices), del Departamento de Estado
estadounidense.
Los sistemas judiciales de
Latinoamérica se ven desbordados por un número abrumador de detenciones
preventivas. El informe señala que, en México y Brasil, los funcionarios no
interponen cargos contra los detenidos dentro del límite legal debido a la
continua acumulación de casos. En Guatemala, las investigaciones exhaustivas y
los procedimientos judiciales han postergado juicios durante años.
Las leyes de detención
preventiva fueron diseñadas en algunos países para permitir la retención de los
indiciados durante años, mientras ellos se pudren en prisión. En Honduras y
Paraguay, por ejemplo, una persona puede estar detenida por dos años, luego de
lo cual las autoridades pueden solicitar una extensión de seis meses. Guatemala
tiene un límite de un año, que puede extenderse en periodos de seis meses de
manera indefinida.
Otros países, como Brasil y
República Dominicana, establecen el tiempo máximo de detención preventiva caso
por caso. Sin embargo en este último al llegar el cese de dicha prisión por
vencimiento del plazo, los jueces imponen garantías económicas extremadamente
altas, cuyo objetivo es que el investigado continúe en prisión.
Las alternativas a la
detención preventiva podrían aliviar en parte la sobrepoblación en las
prisiones latinoamericanas, que ha dado lugar a más criminales de carrera y al
aumento del reclutamiento por parte de las pandillas, lo que a su vez exacerba
el ciclo de pobreza y violencia en muchos países.
En Estados Unidos, donde los
altos costos de las fianzas tienden a dejar a los pobres y a la población negra
atrapados en el sistema carcelario, se han presentado algunas mejoras
recientemente, como los programas de excarcelación supervisada y la
excarcelación previa al juicio para delitos menores y algunos delitos graves.
Uruguay ha recurrido a programas de tratamiento en lugar de la reclusión para
personas acusadas de delitos de drogas. Y los países podrían usar la libertad
condicional en lugar de la privación de la libertad.
Aunque han ocurrido cambios en
procura de eliminar el exceso de prisión preventiva y estos cambios de política
son alentadores, sigue siendo difícil convencer a funcionarios y gobiernos de
que no solo el encierro reduce el crimen.
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