SANTO DOMINGO.- La Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) y la Federación de Asociaciones Industriales (FAI), calificaron de contradictorio el compromiso suscrito por el presidente Leonel Fernández en la Cumbre Iberoamericana, respecto a la inversión en educación.
Destacaron que en el cónclave los gobiernos, incluyendo el dominicano, apoyaron un acuerdo para elevar de 5,1% a 5,5% la proporción del Producto Interno Bruto (PIB), que deberá invertirse en educación entre 2011 y 2021.
Los presidentes de ambas entidades r Wadi Cano Acra e Ignacio Méndez Fernández, apoyaron el compromiso -suscrito ayer en Mar de la Plata, Argentina, por los países iberoamericanos- porque sin inversión en educación no hay desarrollo.
Dijeron que mientras Iberoamérica asume esa meta, el Gobierno dominicano se resiste a cumplir la ley que dispone invertir el 4% del PIB en educación.
Por esta razón, hicieron un llamado a toda la sociedad a reforzar la campaña a favor del 4% del PIB para educación, que este lunes convoca a exhibir objetos amarillos –sombrillas, gorras, t-shirt- para insistir en que se cumpla la ley.
“La industria dominicana no podrá ser competitiva con mano de obra de baja calificación. Entendemos, como dice el Presidente, que se requiere una reforma del estilo pedagógico y del curriculum, pero esto no es posible sin recursos”, manifestaron los dirigentes industriales.
Indicaron que sin aportes presupuestarios suficientes la escuela no contará con maestros mejor pagados –determinante para la calidad de la enseñanza-, aulas en condiciones dignas, así como materiales, equipos y tecnologías para la enseñanza, como poseer un ordenador por cada 10 alumnos.
Basados en estadísticas de 2009, la AEIH y la FAI resaltaron el bajo posicionamiento del país en inversión en educación (2.5% del PIB) partiendo de que Cuba gasta 13.8%; Honduras, 7%, Costa Rica, 5.2%, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, 3.2%, Uruguay, 3.1%, México, 5.8% y Colombia, 5.1%.
Los dirigentes industriales descartaron la tesis del presidente Fernández en el sentido de que no es posible gastar lo que no se tiene –para justificar la baja inversión en educación-, porque de lo que se trata es de priorizar la inversión pública.
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