Por LUIS JOSE CHAVEZ
La actuación concertada de Leonel Fernández y Miguel Vargas para asestarle una “segunda derrota” al Partido Revolucionario Dominicano en menos de 30 días, no es solo un acto desmedido de poder contra la principal fuerza política de oposición, sino también un ingrediente político y social muy poco conveniente para la causa del nuevo gobierno, que probablemente necesitará entenderse con la mitad del país representada por el PRD.
¿Estará el presidente electo razonablemente consciente de las implicaciones que tendría para su gestión de gobierno, iniciar su administración con una guerra declarada a nombre de su partido contra el PRD, en medio de un fuerte constreñimiento del presupuesto público, de la difícil tarea de repartir los puestos de una burocracia ampliamente hipertrofiada, de afrontar la colosal factura del2013 por el servicio de la deuda y de aplicar en la práctica su compromiso de “continuarlo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo”?
¿Creerá Danilo Medina que el arreglo de Leonel Fernández con el disminuido sector político que representa Miguel Vargas será suficiente para narigonear al liderazgo y a las masas perredeístas y moderar la enorme carga de indignación que acumulan los hombres y mujeres del PRD, doblemente agraviados y humillados por la prepotencia del poder?
Es probable que Medina no despeje a corto plazo estas interrogantes y otras que pudieran surgir en torno a las consecuencias políticas del “Pacto de las Corbatas Azules” y del “Acuerdo Institucional” suscritos por Leonel Fernández y Miguel Vargas en mayo del 2009 y en mayo del 2011, el primero para aprobar la nueva constitución, y el segundo para constituir las “Altas Cortes”, donde ambos dirigentes se repartieron los puestos de esos órganos, incluyendo el Tribunal Superior Electoral que ha desconocido su propia legalidad para evacuar una decisión bochornosamente antidemocrática.
Pero lo que ha pasado con el PRD, que se revela como una decisión absurda, inoportuna y contraria a la Constitución, según los alegatos jurídicos del propio presidente del TSE, Mariano Rodríguez, en su voto razonado ydisidente contra la sentencia que dictó el mismo tribunal para impedir la participación electoral de dos partidos aliados del PRD, no debe interpretarse solo como un simple acto de soberbia o de torpeza política.
También podría portar un mensaje con entrega directa al próximo inquilino del Palacio Nacional con un llamado de atención sobre el papel que jugarían Leonel Fernández y Miguel Vargas en los futuros eventos vinculados a los órganos constitucionales que ambos controlan.
Si a pesar de representar fuerzas políticas antagónicas, Leonel Fernández y Miguel Vargas han logrado ponerse de acuerdo para aprobar una reforma constitucional, para constituir las “Altas Cortes”, para propiciar la derrota de Hipólito Mejía y para inducir una sentencia aberrante contra la institucionalidad del PRD, nada quita que también puedan hacerlo para limitar el poder o doblegar la voluntad del próximo mandatario.
Si Danilo Medina es parte colateral de este concierto a dos voces, ya se sabrá más temprano que tarde. De todos modos, debería prepararse desde ya para afrontar las consecuencias de la guerra sucia desatada contra el PRD, que está obligado a defenderse en cualquier terreno y con los recursos legítimos que tenga disponible para preservar su autonomía política y su institucionalidad democrática.
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