La directora del Instituto Nacional de Protección a los derechos del
Consumidor planteó este sábado que la protección al consumidor en la
República Dominicana sea asumida como política pública del Estado.
La licenciada Altagracia Paulino dijo que le defensa a los consumidores
debe ser asumida como política de Estado porque implica a todos los
ciudadanos.
“La protección al consumidor es parte de la Responsabilidad social
del Estado, constitucionalmente establecida para defender a los más
vulnerables”, dijo.
Aquellos sectores que por la asimetría de la comunicación, de la
información no saben los que pasa con los alimentos y los medicamentos.
Sobretodo los medicamentos, tenemos el mercado inundado de medicamentos
falsificados.
Dijo que un medicamento no puede funcionar en la recuperación de la
salud cuando está falsificado y que por el contrario podría provocarle la
muerte, lo que es calificado “como un crimen”.
“Debe haber una política de Estado de protección a las personas, a la
vida”, indicó.
Precisó que un cuerpo humano puede estar mal alimentado cuando los
alimentos que ingiere no tienen los nutrientes adecuados.
Por igual la salud no se puede recuperar cuando los medicamentos que
adquiere son falsificados.
“Son cosas aparentemente micro que tienen un impacto grandísimo”, dijo
Paulino al conmemorar el Día Mundial de la Defensa de los Derechos de los
Consumidores.
Indicó que el Estado debe asumir como política pública la protección de
los derechos de los consumidores como lo ha hecho Chile, Argentina, Brasil y
Estados Unidos.
“Dentro del paquete de políticas públicas debe ser incluida la
protección de los ciudadanos y su relación con el mercado que son los
consumidores.
“Si hay política pública, cuando hay problema atmosférico, ciclones,
huracanes, inundaciones se congelan los precios de los productos de la
canasta básica”.
La directora de Pro Consumidor puso como ejemplo que en Argentina se
llegó a un acuerdo con los proveedores, supermercados y colmados para fijar el
precio de cien artículos de la canasta básica y una cadena de supermercado
desobedeció y el gobierno la cerró, porque violaron su propio acuerdo que
habían firmado.
Dijo que Pro consumidor tienen identificados 36 productos de la canasta
familiar básica y cuando aumenta de precios alteran el presupuesto familiar lo
que afecta los intereses económicos de más vulnerables.
“Si tienen que pagar el pollo, el arroz, las habichuelas un poco más
caro afecta su presupuesto”, precisó.
“Creo que debe haber política pública de defensa al consumidor, en esos
momentos también de contingencia, para evitar la especulación”.
Ejemplo doloroso
Los productores de pollo tuvieron una sobreproducción sin embargo
el consumidor no se benefició porque nunca bajó el precio de la libra de
pollo.
En esto hubo mucha oferta y la demanda se mantuvo igual porque la gente
no percibió la sobreproducción lo que debió contribuir a que bajara el
precio de la libra de pollo.
“Si debe haber política pública en ese sentido eso favorece al
productor y al consumidor, en la sobreproducción de pollos los productores
perdieron pero el consumidor no se favoreció, si hay política pública en ese
caso hay una fijación de precios”.
“Se imponen que el presidente Danilo Medina declare como política
pública la defensa de los derechos del Consumidor, así se hace Patria y ejerció
constitucional de protección de los derechos de los consumidores”.
“Somos un país pobre con 70 por ciento de la población con ingresos
estancando por lo que hay que mejorar la protección en lo que tienen que con el
impacto a la salud, el medio ambiente”.
En esa protección el Estado debe proveer a Pro consumidor de un laboratorio
para determinar cuando un medicamento es falso, cuando una comida no tiene los
nutrientes, o cuando una etiqueta no dice la información adecuada.
El Gobierno de Chile dio un plazo de cien días para que modifique
para que modifiquen la ley de protección a los consumidores para darle
más poder a la entidad defensora, así queremos que sea en el país.
El gobierno Chileno fijó precios de cien artículos de la canasta básica
y una cadena de supermercado desobedeció y fue cerrada, porque violaron su
propio acuerdo.
“Nosotros tenemos identificados 36 productos de la canasta
familiar básica, cuando estos suben realmente se altera el presupuesto de
los consumidores que normalmente son los más vulnerables”.
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