Por JUAN BOLIVAR DIAZ
A menos de dos años ya
para la próxima elección general, prevista para el domingo 15 de mayo del 2016,
todo parece indicar que el país se abocará a ese desafío sin que se haya
aprobado la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que se discute desde hace
16 años y que ha sido objeto de numerosos “consensos”, de acuerdos políticos y
de una iniciativa de la Junta Central Electoral.
Hace cinco años que el
órgano organizador y regulador de los procesos electorales sometió al Congreso
Nacional un proyecto de Ley de Partidos, que ha sido excesivamente manoseado
por comisiones legislativas más interesadas en barajarlo que en dar paso a una
normativa que frene el salvajismo en que se ha convertido la política tanto al
interior de los partidos como en el ámbito nacional.
Al ser abordado por los
periodistas esta semana, el presidente del Senado y secretario general del
partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez, admitió la responsabilidad de sus
correligionarios en el bloqueo a que ha estado sometido el proyecto. Pero erró
al atribuirlo a diferencias en torno a que las elecciones primarias sean
organizadas de forma simultánea por la JCE. Si esa fuera la razón del bloqueo,
ya habrían encontrado una salida como la expresada por el mismo Pared: que cada
partido decida si organiza sus primarias por su cuenta y costo, o la encarga a
la JCE.
Cuando en el 2004 se
aprobó la Ley 286-04 que establecía las Elecciones Primarias simultáneas a
cargo de la JCE, luego declarada inconstitucional, me conté entre quienes la
denunciaron, por dos razones básicas: porque no señalaba quién pagaría el costo
del proceso, aunque parecía implícito que sería la JCE, lo que se constituía en
un financiamiento estatal adicional a los partidos, y porque tomaría semanas
computar simultáneamente los resultados de todos los partidos.
Mantengo el criterio, a
la luz de la experiencia. Baste recordar que en enero pasado la Comisión
Organizadora de la elección de nuevos miembros del Comité Central del PLD se
tomó una semana para arrojar el resultado. El domingo 12 de enero votaron para
elegir apenas 138 dirigentes, con 970 candidatos registrados y no fue sino
hasta el sábado 18 que pudieron dar el cómputo final.
Imagínense cuánto tiempo
necesitarían para computar la elección de los candidatos a 4,132 cargos que
estarán en disputa en el 2016 en tres niveles, presidencial, legislativo y
municipal. Con que por cada cargo aparezcan tres candidatos, habría que
computar votos a más de 12,396. Y si se multiplica siquiera por cinco partidos
simultáneamente, aquello podría ser la de nunca acabar y terminar en la
anarquía por millares de impugnaciones.
Pero es que la Ley de
Partidos abarcaría mucho más que la elección primaria. Es una reglamentación de
la democracia interna para elegir dirigentes, para limitar campañas y gastos,
para transparentar las fuentes de financiamiento, impidiendo el abuso de los
recursos estatales, para limitar los aportes individuales y de corporaciones.
También para prohibir coacciones, sobornos y dádivas como forma de comprar
votos, y para garantizar el cumplimiento de la cuota femenina mínima, y
especialmente para sancionar las violaciones a los preceptos democráticos y de
equidad.
Porque prefieren el
desorden y el abuso de las cúpulas, porque los dirigentes no quieren someterse
a la renovación democrática periódica, y porque no quieren renunciar al abuso
de los recursos públicos y al financiamiento de fuentes ilegítimas es que no se
ha aprobado la Ley de Partidos, tras 16 años de que fue consensuado el primer
proyecto, ese y otros también consensuados introducidos una docena de veces al
Congreso y le han pasado siete elecciones generales. Y Ya hay precandidatos a
presidente, a legisladores y alcaldes gastando un dineral, que no sale de su
propio peculio.
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