Por Javier Cabreja
El que no tiene hecha no tiene
sospecha, reza un refrán popular ampliamente conocido. Cuanta vigencia tiene
esta expresión cargada de sabiduría, teniendo en cuenta que de un tiempo a esta
parte es muy común ver cómo al funcionario que se le dice que debe ser
fiscalizado, pone el grito al cielo y busca, víctima de un inexplicable
nerviosismo, cualquier tipo de excusa para no ser auscultado. No importan que
quienes vayan a realizar este ejercicio de control sobre el manejo de los
fondos públicos, sean instituciones a las que la Constitución y las
leyes les dan esa competencia.
El temor a ser examinados es común
en funcionarios municipales, del gobierno central y de organizaciones autónomas
y descentralizadas, que en el caso de estás últimas, más bien parecen autónomas
de las leyes vigentes en el país. De esta forma, pretenden estar por encima de
cualquier regulación. Para estos funcionarios acomodados a la opacidad, el solo
hecho de que se les pida cuenta se constituye en un agravio que no se está
dispuesto a tolerar. Cómo reacción al intento de aplicar la ley por parte de
los órganos de control, estos funcionarios se inventan la ficción de que se
trata de una persecución que busca afectarles o que es parte de una trama de
sectores que les quieren hacer daño.
Los funcionarios que manejan las instituciones públicas como una finca privada, ven campaña en su contra por todos lados y cualquier cuestionamiento institucional lo llevan al plano personal. Estos señores a los que no se les conocía riquezas antes de administrar recursos públicos, no toleran el más mínimo monitoreo independiente. Son expertos apelando al chantaje de que al investigárseles se pone en riesgo el importante trabajo que realiza la institución que representan, van más lejos aún, apuestan a la ignorancia popular alegando que solicitarle información es atentar contra la seguridad nacional, la estabilidad política y contra la patria misma.
Los funcionarios que manejan las instituciones públicas como una finca privada, ven campaña en su contra por todos lados y cualquier cuestionamiento institucional lo llevan al plano personal. Estos señores a los que no se les conocía riquezas antes de administrar recursos públicos, no toleran el más mínimo monitoreo independiente. Son expertos apelando al chantaje de que al investigárseles se pone en riesgo el importante trabajo que realiza la institución que representan, van más lejos aún, apuestan a la ignorancia popular alegando que solicitarle información es atentar contra la seguridad nacional, la estabilidad política y contra la patria misma.
Es necesario
hacer consciencia de que ninguna institución del Estado está por encima de los
mecanismos de control y fiscalización. Todos los funcionarios están obligados a
rendir cuentas, tanto a otras agencias públicas como a la ciudadanía en
general. Hay que hacerle entender a los campeones de la discrecionalidad en el
sector público, que el Estado democrático supone transparencia. Para avanzar en
esta dirección se requiere que los órganos de control cumplan con su misión,
con la firmeza que supone contrarrestar las opiniones y acciones de aquellos
que están acostumbrados a la manipulación y las amenazas para seguir sacando
beneficios particulares del cargo que desempeñan.
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