SANTO
DOMINGO (R. Dominicana).-
La entidad sin fines
de lucro llegó a estas conclusiones tras comparar la pieza con la propuesta de
ley sometida por la
Junta Central Electoral (JCE).
Otro cuestionamiento es la eliminación del párrafo
III del artículo 53, que prohíbe el uso de recursos públicos provenientes de
cualquiera de los poderes e instituciones del Estado, incluyendo los
ayuntamientos, para financiar actividades de rentabilidad electoral particular.
“Para
Finjus, la propuesta delPLD introduce cambios que desnaturalizan la
función de los partidos políticos
y de ser aprobada, significaría un importante retroceso en las reformas que se
han introducido al nuevo diseño institucional de la política en el país”,
expresó la organización a través de un comunicado de prensa.
Aseguró que, si la
propuesta prospera, atentaría contra la rendición de cuentas sobre el manejo de
los fondos, las oportunidades de participación de la mujer en el liderazgo
político-partidario y la elección de candidatos idóneos en los comicios
internos de los partidos; mientras daría luz verde a acciones cuestionables,
como favoritismo estatal, y dejaría de lado iniciativas para contrarrestar la
baja calidad de la formación política.
Entre los puntos más
cuestionados está que en la propuesta del PLD se elimina la enumeración
explícita de los cargos que son incompatibles con el ejercicio de la actividad
político partidaria, como los militares o miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ,
así como los jueces del Poder Judicial.
También
el hecho de que establece considerar
como renunciante al cargo de elección popular al miembro que renuncia al
partido o la
agrupación política que le ha presentado como candidato. “Esta disposición es
una violación clara y sumamente grave al texto constitucional, que en su
artículo 2 estipula que “la soberanía popular reside en el pueblo, de quien
emanan todos los poderes”, sostiene Finjus.
Agrega que la
propuesta contradice la
Constitución en lo relativo a las enmiendas que plantean al
artículo 24.F
del documento de la JCE
sobre el derecho de participación de la mujer. Finjus señala que el PLD propone
eliminar la parte en que se establece la cuota del 33%.
“Parecería
que la intención de esta propuesta
es limitar la participación de las mujeres en la política,
propiciando la discriminación de facto. Esta propuesta de eliminación no es
solo inconstitucional, sino que atenta contra los tratados y compromisos
internacionales asumidos por el país”, destaca.
Otro cuestionamiento
es la eliminación del párrafo III del artículo 53, que prohíbe el uso de
recursos públicos provenientes de cualquiera de los poderes e instituciones del
Estado, incluyendo los ayuntamientos, para financiar actividades de
rentabilidad electoral particular.
En materia de
transparencia, critica que “se restringen reiteradamente las facultades de la JCE ” como órgano regulador y
de control y que elimine el numeral “J” del artículo 11 del documento del organismo
electoral, que propone que cada partido le entregue el presupuesto de ingresos
y gastos cada año, hasta la fecha de las próximas elecciones generales, con
indicación detallada de las fuentes de los ingresos.
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