SANTO
DOMINGO.- El candidato presidencial Luis Abinader adelantó este jueves que de
ganar la presidencia de la República en las próximas elecciones, el Poder
Ejecutivo concertará con la sociedad política y civil un proceso de
reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, garantizará la independencia
de los tribunales y los jueces, despolitizará el Ministerio Público.
Dijo,
además, que reformará la Policía Nacional, adoptará políticas y acciones
anti-corrupción, y otras medidas que contribuyan a instaurar un marco
institucional que garantice los derechos económicos, sociales y políticos que
merecen disfrutar todos los dominicanos y dominicanas.
En
la introducción de una conferencia en la que expuso sus propuestas para el
fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, la Justicia y la Democracia, en una
actividad organizada por la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS,
Abinader expresó su complacencia por coincidir con la visión de esa entidad
sobre la necesidad de “Construir una sociedad donde los diferentes
actores sociales y políticos muestren su compromiso con el fortalecimiento de
la democracia, el estado de derecho, la independencia del sistema de justicia y
la seguridad ciudadana, para alcanzar altos niveles de seguridad jurídica,
bienestar social y equidad”.
Abinader
subrayó la necesidad de de producir las reformas institucionales debido a que
en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y especialmente en
estos últimos 4 años, se ha acentuado el deterioro institucional del
país, resultando defraudadas las expectativas y esperanzas del pueblo de vivir
en un verdadero estado de derecho.
“Hemos
visto como han renacido prácticas que se entendían superadas, como es la
intromisión descarada del poder político en las decisiones de la Justicia con
el fin de garantizar la impunidad de los miembros del partido en el gobierno”,
expuso.
Citó
en ese aspecto la modificación atropellada de la Constitución con el
único fin de imponer la reelección, en un claro ejemplo de la visión
autoritaria del candidato reeleccionista y su desprecio por la
institucionalidad del país.
“Además
de ponerle fin a las constantes violaciones a las leyes a que este gobierno
tiene acostumbrado al país, estoy comprometido con una revisión profunda de la
legislación vigente para adecuar el marco institucional de la Nación a
las necesidades y expectativas ciudadanas del Siglo 21.
Las
reformas
Abinader
puntualizó que a base de la seguridad jurídica y el estado de derecho es la
existencia de un sistema judicial independiente, con la capacidad de impartir
justicia de manera oportuna y con jueces imparciales que actúen con apego a la
Ley.
Sujeto
a esa convicción Abinader promoverá desde el Poder Ejecutivo la concertación de
una reforma integral de las instituciones que inciden en el sector
justicia, que incluya la reestructuración del Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM), apoyo a la consolidación de la carrera
judicial, así como la reforma del Ministerio Público y la Policía
Nacional.
Para
el candidato del PRM y fuerzas aliadas en la reforma de la Constitución del
2010 se produjo un retroceso en la composición de los miembros del CNM, que es
el organismo que escoge los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal
Constitucional y los miembros del Tribunal Superior Electoral.
“Esta
institución de máxima importancia para el equilibrio e independencia del
sistema judicial y electoral de la Nación, ahora es un organismo controlado por
el Poder Ejecutivo, subordinando la escogencia de los jueces al interés
político del partido gobernante, sin tener en cuenta, en muchos casos, la
probidad que debe acompañar la condición de juez”, advirtió.
La
reforma que propone Abinader procura en principio retornar al CNM a su
composición originaria, excluyendo del mismo al Procurador General de la
República, con lo que se garantizaría de inmediato un mayor equilibro de
poderes en el órgano.
Abinader
impulsará también desde el Poder Ejecutivo iniciativas que permitan hacer
más expedita, accesible y funcional la Justicia, lo cual será
logrado por medio de reformas integrales de los procesos judiciales, basados en
la tradición jurídica del país, con un sentido práctico pero sin desmedro de la
garantía de los derechos fundamentales de las partes, especialmente de las
víctimas.
“Nos
enfocaremos en facilitar la solución de las infracciones menores, para poder
dedicar mayores recursos a la persecución de las infracciones más complejas y
relevantes a la sociedad”.
Sostuvo
que su gobierno no escatimará esfuerzos en proveer los recursos necesarios para
dar cumplimiento al mandato de la Constitución sobre la conformación de los
tribunales administrativos de primera instancia, con el propósito de que los
ciudadanos tengan mayor posibilidad de impugnar los actos de la
Administración arbitrarios o contrarios al Derecho.
Para
el economista y dirigente político es indispensable la despolitización de la
función del representante de la sociedad en la Justicia, y para ello se plantea
reformar el régimen regulatorio del Ministerio Público.
Promoverá
la inamovilidad del Procurador General de la República y sus adjuntos para
garantizar la real independencia de los órganos de investigación.
“Fortaleceremos
los mecanismos de control y transparencia del Poder Judicial y del Ministerio
Público, así como los sistemas de evaluación y desempeño de sus miembros”.
Estimó impostergable mejorar los salarios de los procuradores, fiscales y fiscalizadores.
“La
lucha contra la corrupción, como ya hemos expresado, carece de
credibilidad si los funcionarios encargados de perseguirla dependen del Poder
Ejecutivo”, dijo.
A
fin de hacer más efectiva la lucha contra la corrupción administrativa el
PEPCA será transformado en una Fiscalía Nacional Contra La Corrupción, dotada
de los recursos necesarios para la realización de su misión, así como de
independencia funcional y organizativa, con inamovilidad de sus miembros.
Igualmente,
propondrá que la designación del Fiscal Nacional Anticorrupción sea realizada
por el Consejo Nacional de la Magistratura y no por el Presidente de la
República, en consonancia con su anunciado propósito de eliminar la influencia
política en la persecución de la corrupción y la consecuente impunidad que de
ese mal se deriva
Reforma
Policial y Seguridad Ciudadana
Abinader
advierte que las políticas y estrategias de seguridad ciudadana aplicadas por
el actual gobierno son totalmente inefectivas mientras los delincuentes se
adueñen de las calles y exista la sensación en la sociedad de que la
institución policial, como funciona actualmente, se ha convertido en un
obstáculo más para combatir la delincuencia.
Expone
como una meta inmediata de su gobierno reducir los niveles de violencia,
particularmente contra las mujeres, así como los asaltos y robos en las calles.
Para
ello se requiere una profunda reforma de la Policía Nacional que devuelva la
motivación y la capacidad operativa de esta institución a fin de
responder con eficacia a las demandas de seguridad de los ciudadanos.
Esa
reforma logrará un cambio en la cultura institucional y restablecerá a la
Policía Nacional la imagen de auxiliar de la justicia y cuerpo del orden, al
servicio del ciudadano.
En
el gobierno que presidirá, incorporará nuevas tecnologías y métodos para
combatir la delincuencia, para lo cual contrató la asesoría del ex Alcalde de
New York, Rudolph Giuliani, quien junto a un equipo de técnicos locales está
definiendo los esquemas que aplicarán a partir de su ascenso al Poder, algunos
de los cuales nos permitimos citar:
·
Creación de un banco de ADN.
·
Capacitación continua y obligatoria de todos los miembros de la uniformada.
·
Establecimiento de un sistema de registro de casos para detectar patrones de
criminalidad y seguir su evolución.
·
Asignación del personal policial dando prioridad a las labores de seguridad
ciudadana.
·
Dotar con equipos de alta tecnología a la Policía Nacional de manera que cada
patrulla pueda conocer en línea el estatus de cada ciudadano, frente a la
justicia.
·
Dignificar las condiciones de trabajo y de salario de la Policía con la
aplicación de un salario mínimo de 23 mil pesos, equivalente a 500 dólares
mensuales.
Asume
el candidato presidencial que la corrupción es uno de los peores males que
afectan al país pues debilita la credibilidad de las instituciones públicas,
distorsiona los costos y calidad de los servicios, afecta el clima de inversiones
y disminuye la credibilidad de los ciudadanos en la política.
Sin
transparencia en la administración pública será muy difícil combatir la
corrupción y para ello se necesitan normas que obliguen a los funcionarios a
rendir cuentas y que penalice el incumplimiento.
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