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El Estado dominicano se ha caracterizado
históricamente por tener un conjunto de instituciones que han operado con gran
ineficiencia por la corrupción y la escasa profesionalización.
Durante 31 años de
dictadura trujillista, el Estado fue utilizado fundamentalmente para reprimir
la población y aumentar exponencialmente la fortuna del dictador y sus
allegados. La sociedad funcionaba al antojo del déspota.
Durante 22 años de gobierno
balaguerista, la corrupción y el clientelismo definieron los parámetros de la
ineficiencia pública. A pesar del crecimiento económico de esa época, el país
no logró avances importantes en educación, ni en salud pública, ni en el
desarrollo de una economía competitiva y redistributiva.
Se reprimió a los
disidentes durante los primeros años del régimen, y las fuerzas del orden
público (policías y militares) no desarrollaron instituciones modernas de
seguridad ciudadana.
La autoridad civil de
Balaguer se impuso a la militar mediante un sistema de amplia corrupción en las
instituciones armadas, y mientras los oficiales se enriquecían, el país transitaba
por un deterioro del control fronterizo y del orden público. Ahora se sienten
los efectos nefastos de esa corrupción e ineficiencia militar y policial.
Los 12 años de gobiernos
del PRD fueron tres episodios decepcionantes. En la década de 1980 fracasaron
en impulsar el anunciado proyecto socialdemócrata. Nada de primero la gente.
Las dificultades económicas y los pleitos intra-partidarios dominaron las
gestiones perredeístas de 1978 a 1986, y la de 2000-2004 se hundió con la
crisis financiera. En todas resonaron casos de corrupción.
Los 17 años de gestión del
PLD han sido una perpetua discordancia entre el discurso de modernidad y la
repetición de prácticas políticas nefastas del pasado: corrupción, clientelismo
y caudillismo, que obstaculizan el desarrollo de la democracia y la economía.
Actualmente, el Estado
Dominicano se encuentra atrapado entre las demandas de distintas clientelas
políticas del PLD y sus partidos aliados para que prosiga el reparto ilegal de
recursos públicos. Con tanto tiempo en el poder y robos acumulados, los
escándalos de corrupción proliferan.
Estos robos se convierten
hoy en la amenaza principal para derribar la legitimidad gubernamental; y ni el
presidente Danilo Medina, ni el presidente del PLD, ni su comité político captan
con precisión la magnitud del problema. Asumen que como hay tantas personas
involucradas en la corrupción pueden hacerse los chivos locos, y desde sus
posiciones de poder ignoran o justifican los escándalos, y en el mejor de los
casos, toman medidas tibias. Ellos, en vez de ser parte de la solución, son
parte del problema.
Actualmente, los tentáculos
de la corrupción se han expandido por doquier, y el robo se ha hecho modus
vivendi en la sociedad dominicana bajo el auspicio del Estado.
Si el PLD desde su máxima
dirección no enfrenta con voluntad férrea la corrupción, morirá por tantos
robos.
Ojo: ningún gobierno es
inmune al colapso por más precaria que sea la oposición. En una crisis de
legitimidad siempre aparece algún “salvador”, aunque luego se convierta en
opresor.
El robo, como todos los
vicios humanos, es adictivo; y a mayor adicción, más alarmantes y frecuentes
los escándalos. Los excesos de corrupción se muestran cada vez más
estrambóticos y repugnantes; y la chapucería con que se ha organizado el sistema
de impunidad se devela horripilante.
No hay que hacer gran
esfuerzo para entenderlo, la lista es larga y conocida: Súper Tucanos, OISOE,
CEA, CORDE, Odebrecht, OMSA, etc., etc. Toda esta corrupción y los muertos son
responsabilidad del PLD. No pueden ya tapar el sol con un dedo, ni usar a Juan
Bosch de capote.
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