Situación. Contrataciones se hacían buscando beneficio personal. Ilegalidad. Las concesiones irregulares y atraso en pagos era parte de las actividades de la red corrupta.
Por Anyelo Mercedes
SANTO DOMINGO.-Los niveles de corrupción e impunidad existentes en el país alcanzaron un nuevo nivel de desarrollo en los últimos años debido a la complicidad pública y privada enfocada en apropiarse de los bienes del Estado y drenar el Presupuesto de la nación.
Así lo
afirmó Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, al
declarar que “en cualquier país hay actos de corrupción, pero en nuestro caso,
además de la impunidad, hubo un alto nivel de complicidad entre distintos
sectores”.
Informó que
en noventa días de gestión han tomado ciento veinte decisiones vinculadas a
impugnaciones, recursos jerárquicos e inhabilitación de proveedores del Estado.
Concesión
irregular
“Se convirtió en modalidad el camuflajear licitaciones de alquiler para ceder
el patrimonio público a terceros”, informó, citando el caso como ejemplo de lo
ocurrido con el teatro Agua y Luz, que fue entregado a Miguel Vargas Maldonado
hasta el año 2044, “lo que fue anulado porque viola todas las disposiciones de
la ley”.
Algo similar
sucedió con el hotel Nueva Suiza, en Constanza, cedido en un contrato de
alquiler por un período de veinticinco años.
“Desde el
pasado 17 de agosto empezamos a trabajar en unos 200 casos que estaban
pendientes de respuesta en los archivos de la entidad.
Ahí había
solicitudes de medidas cautelares, investigaciones de oficio y otras
evaluaciones.
Nosotros
trabajamos sobre la base de que no se puede recurrir al silencio”, dijo el
funcionario, que llegó a la administración pública luego de agotar una extensa
carrera en la sociedad civil.
Pimentel,
quien participó como invitado de Los Coloquios de EL DÍA, reconoció que la
atención de la sociedad está inclinada a solicitar que se castiguen los actos
ilícitos de los gobiernos anteriores.
Para ello,
dijo, ha desarrollado una alianza estratégica con la Procuraduría General de la
República (PGR), entidad ante la cual ya ha depositado unos cuatro expedientes
con irregularidades de tipo penal.
“Los que
tienen mucho tiempo en el Estado nos dicen que nunca habían visto tal nivel de
cooperación. Lo que estamos haciendo es que en los casos en los que nuestras
funciones se extralimitan damos paso al Ministerio Público junto a la Dirección
de Ética e Integridad Gubernamental”, aseguró.
Casos de
corrupción
Entre los casos en los que se registraron irregularidades y que han sido
cedidos a la PGR está la compra de hormigón asfáltico caliente durante la
gestión en el Ministerio de Obras Públicas de Gonzalo Castillo, dos más del
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y un cuarto ocurrido en el Plan
Social de la Presidencia.
“Identificamos
que en esas instituciones operó una estructura para aprovechar los procesos de
contrataciones para beneficio personal”.
Agregó que
la frecuencia en las compras les alertó y que hubo situaciones donde los
precios ofertados por los intermediarios competían con el de los productores.
Dicha
situación se prestaba para estafar al Estado con el suministro de una cantidad
y calidad inferior de lo acordado en los contratos.
Dilación en
los pagos
Entre los compromisos asumidos por Pimentel con el presidente de La República
al llegar a la posición estuvo el agilizar los procesos de pago del Estado.
Esto así
porque la dilación de hasta seis meses y en algunos casos hasta el año, se
convirtió en la principal vía de extorsión en perjuicio directo de los
proveedores del Estado.
“Ahí tenemos
el caso, por ejemplo, del arquitecto que se suicidó en la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado, por razones similares”, dijo. Planteó la
necesidad de eliminar la duplicidad de funciones en los procesos de compra sin
obviar las evaluaciones tendentes a lograr transparencia.
Pimentel
informó que ciento veinte registros de proveedores ya han sido suspendidos
debido a que no es compatible con desempeñar funciones en el gobierno. “Nos
hace falta cruzar los datos con los diputados y senadores.
Esto no es
una sanción sino un procedimiento administrativo apegado a lo que dice la Ley
340-06”, dijo.
Sobre
Odebrecht
—
Inhabilitación
Al referirse a Odebrecht, Pimentel dijo que la empresa tiene suspendido su
registro de proveedores de manera temporal hasta tanto concluyan las
investigaciones del Ministerio Público y se determine si puede continuar.
Publicidad
estatal y el cabildeo serán regulados
Modificación.
Ni los pagos por concepto de publicidad ni las actividades de cabildeo están
reguladas por ley.
El director
general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, entiende que ambas cosas
deben incluirse en una futura modificación de la ley.
“Habrá que acordar el incluirla en una modificación de la ley o elaborar un
nuevo texto legal que sustente el procedimiento”, dijo Pimentel.
Explicó que
al no existir regulación sobre estas prácticas, se da paso al tráfico de
influencias.
Pimentel
informó que ya trabajan en los toques finales de un anteproyecto con el fin de
sustituir la actual legislación 340-06 que propondrá regular dichas
actividades.
Consecuencias
En el mismo,
se incluirá el endurecer el régimen de consecuencias y regular los conflictos
de intereses. “La legislación actual es muy pobre en relación con las penalidades.
Nosotros aspiramos también a que se pueda reforzar el régimen de
incompatibilidad para que, si el funcionario tiene influencia en una empresa.
se le impida
la venta al Estado. Es decir, que la influencia también esté dentro de las
incompatibilidades”, argumentó Pimentel.
Fuente: https://eldia.com.do/
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