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“La corrupción impide que los recursos públicos lleguen a instituciones”, afirma ADOCCO


“La corrupción impide que los recursos públicos lleguen a instituciones”, afirma ADOCCO
Julio César De la Rosa Tiburcio, Coordinador de ADOCCO.

La entidad dijo que esto se debe a que los funcionarios tienen interés de manejar los recursos para las grandes obras de infraestructuras, que son las generadoras de grandes comisiones pagadas por los “carteles” de la construcción y las contrataciones.

Culpó de este problema al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y a las entidades del sector agua.

Llamó a los diputados que cumplan con el mandato de las leyes orgánicas del Poder Judicial, de Educación, de Educación Superior y de los Municipios y el Distrito Nacional, que establecen claramente los porcentajes del Presupuesto Nacional que les corresponden para lograr sus objetivos y misiones.

“Es grave y preocupante lo externado por el presidente de la Suprema, que debido a las limitaciones económicas con que se desenvuelve el Poder Judicial muchos empleados de calidad han renunciado, porque desde hace cinco años no les aumentan"

Julio César De la Rosa Tiburcio, vocero de la entidad, respalda el pedido del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, a los jueces y miembros del poder judicial a iniciar una campaña a través de las redes sociales y otros medios pidiéndoles a los diputados que cumplan con la ley y asignen el 2.66% del presupuesto al Poder Judicial.

“Es grave y preocupante lo externado por el presidente de la Suprema, que debido a las limitaciones económicas con que se desenvuelve el Poder Judicial muchos empleados de calidad han renunciado, porque desde hace cinco años no les aumentan y que una parte significativa de jueces están a la espera de ver qué pasa con el presupuesto, ya que si no ven perspectivas de aumento, piensan abandonar la carrera, para dedicarse a su profesión desde el sector privado”, indicó.

ADOCCO, reclamo de igual forma el cumplimiento del 4% del Producto Interno Bruto o el 16% del presupuesto para educación, así como el cumplimiento de la Ley de Educación Superior y la Ley de Autonomía Universitaria que establecen que a UASD se le debe asignar no menos del 5% del Presupuesto Nacional, lo que representaría unos 20 mil millones de pesos.

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