SANTO DOMINGO, RD.-Los empresarios y los sindicalistas emplazan para que se produzca una modificación al Código de Trabajo, pero al final el objetivo es defender cada uno sus intereses, así lo arrojó este viernes un análisis realizado por la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano (OPD-FUNGLODE).
La entidad recordó en su informe que los empresarios vienen luchando desde mucho tiempo para que se modifique el Código de Trabajo, que data desde el año 1992, indicando que está desactualizado para los nuevos tiempos.
Los empresarios entienden que hay que reformarlo, y para ello, plantean la modificación de 28 puntos que están establecidos en el código.
Fanny Vargas, coordinadora de OPD-FUNGLODE, ofreció los detalles del informe que señala que las disposiciones del Código con relación riesgos laborales, conciliación judicial, en materia de horarios, prestaciones laborales y cesantía, se ha convertido en carga para las empresas, pero específicamente en las pequeñas y las medianas.
Recordó que en su inicio, los empresarios arguyeron que los horarios y días feriados no responden a la realidad del país y que es necesario establecer jornadas diferenciadas para diversos sectores.
De su lado, los grupos sindicalistas que “defienden” a los empleadores rechazan la reforma al Código Laboral, porque dicen que dañan las reivindicaciones ganadas para los obreros.
Las organizaciones sindicales son: Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), entre otras.
Los presidentes de los referidos sindicatos alegan que el objetivo de los empresarios es eliminar ciertos derechos laborales y bajar el costo de la mano de obra.
El análisis elaborado también refleja que las discusiones entre empleadores y trabajadores se deben a que después que empezó a funcionar la Ley de Seguridad Social, los pagos ascienden al doble entre el fondo de pensiones (AFP) y la cesantía.
Los empleadores manifiestan que es necesario revisar las normativas y crear topes a los montos otorgados, y que la cesantía y otras cargas laborales, como los aportes a la seguridad social son consideradas una traba para la competitividad y que crean distorsiones en el mercado laboral.
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