SANTO DOMINGO.- La Fundación
Institucionalidad y Justicia (Finjus) denunció ante la Suprema Corte de
Justicia (SCJ) graves distorsiones en el funcionamiento interno de la
Jurisdicción Inmobiliaria, que según advirtió, provocarían su colapso en menos
de dos años.
Entre dichas anomalías mencionó un
aumento desbordado de los expedientes, dilación en los registros de títulos,
mora judicial, falta de coordinación interinstitucional y carencia de recursos,
Dijo que la grave crisis que afecta
a ese importante eje de la seguridad jurídica y la economía de la República
Dominicana fue provocada por el estancamiento y deterioro progresivo de los
cambios introducidos por la reforma iniciada con la promulgación de la Ley 108
del 2005 de Registro Inmobiliario.
"A pesar de que el derecho de
propiedad juega un rol esencial en el desarrollo social y económico, que su
eficiencia se encuentra directamente vinculada al funcionamiento general de su
modelo de gobierno, en la actualidad existe una alta preocupación, debido al
incorrecto funcionamiento y regulación que se observa en nuestro sistema de
justicia inmobiliaria", señala en un informe entregado al presidente de la
SCJ, Mariano Germán.
Sostuvo que, si bien es cierto que
el proceso de reforma alcanzó avances visibles, no menos es la existencia de
distorsiones que ameritan la intervención del Poder Judicial.
Citó entre ellas, la larga duración
de los procesos de deslinde, el traslado o sustitución injustificadas de
técnicos especializados, debilidades en el sistema de estadísticas, vacíos
legales y técnicos en sectores de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales
(DNMC), y la falta de aplicación del diagnóstico catastral descrito en el
Reglamento General de Mesuras Catastrales.
Asegura que el Reglamento de
Mensuras Catastrales no se revisa desde el 2009.
Señala, además, la falta de
unificación de criterios entre los actores del sistema para el posesionamiento
de las parcelas, dificultades en la implementación del Sistema de Gestión y
Automatización Registral, así como la necesidad de dotar de un estatuto legal
en base a la ley, a la unidad de Cartografía.
Asimismo, considera urgente la
implementación de un proceso administrativo adecuado, para que la DNMC realice
una inspección cartográfica para determinar la validez o no de las parcelas
solapadas, y proceder a notificar por oficio al Tribunal de Jurisdicción
Original.
"Nos exponemos a que en menos
de 2 años colapse el sistema judicial inmobiliario, Si ese colapso se
produjera, constituiría el más grave atentado a la seguridad jurídica y
estabilidad económica que el país podría sufrir, con consecuencias catastróficas",
subraya.
También identifican con un factor
negativo el continuo choque entre el sistema de derecho civil de origen francés
y el de registral (australiano) que no se han podido integrar plenamente.
Asimismo, considera que
lamentablemente la combinación de factores internos y externos al Poder
Judicial ha limitado el efecto de los años de reforma inmobiliaria, la cual
entiende debió tener un mayor impacto en la actualidad.
Indicó que los inversionistas
extranjeros con interés en el turismo, han desistido de concretar sus
proyectos, debido a que no se sienten seguros.
jt/am
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