La promulgación de la Ley 169-14
(muy simbólico el número) que revoca una de las ignominias más graves en la
historia institucional de la República, produce júbilo y debe ser celebrada por
todos los que mostraron sensibilidad y solidaridad con decenas de miles de
personas a quienes la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional despojaba de
la nacionalidad que se les había conferido acorde con el régimen constitucional
del jus solis que rigió en el país hasta el 2010.
Aunque hace justicia a un importante
segmento de la dominicanidad, la ley penaliza en extremo al grupo más pobre
entre los pobres y más vulnerable, los que nunca fueron registrados o a quienes
se les negó el registro en violación de un derecho humano fundamental, a los
cuales se les declara extranjeros, ordenándoles registrarse como tales para
luego de dos años tener opción a la naturalización ordinaria, lo que trueca el
júbilo en tristeza. Habrá familias con hijos dominicanos y extranjeros a la
vez.
Aunque no se haya obtenido una
victoria total frente al odio y la discriminación que inició en marzo del 2007
la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, ratificada luego por su
Pleno, hay que celebrar que se haya tenido que revocar la ignominia del despojo
retroactivo de sus actas de nacimiento a decenas de miles de personas que
habían sido documentadas como dominicanas.
Nunca se sabrá con certeza cuántos
eran los despojados, entre otras razones, porque, al abarcar ocho décadas, unos
ya transitaron al descanso eterno, otros emigraron a distintas latitudes y
muchos viven tan excluidos que han prescindido de toda documentación. La última
cifra de los desnacionalizados que se ha manejado en los organismos públicos es
de 24 mil 392, que luce bien conservadora. Pero si esos a su vez tuvieran un
promedio de dos hijos sin declarar, totalizarían 73 mil 176. Recuérdese que
Juliana Deguis, la protagonista de la sentencia, tiene cuatro hijos que ahora,
al recuperar su nacionalidad, podrá declarar como dominicanos.
Haber revocado el despojo es ya una
gran victoria que por momentos parecía imposible por la conjunción de fuerzas
políticas que concurrían en el discrimen y por la indiferencia y el miedo de
muchos que debieron contribuir a la contención del odio y el chantaje
ultranacionalista.
Aunque se haya aceptado la ley como
una solución parcial, como transacción para limitar la intransigencia y la
irresponsabilidad, se debe deplorar que a otras decenas de miles que nacieron
en el país y han vivido en él por décadas, se les declare extranjeros y se les
obligue a regularizarse como tales, bajo amenaza de deportación, lo que
constituiría otra grave ignominia, porque aquí tienen su arraigo y porque los
protegía el régimen del jus solis hasta la Constitución del 2010, como ya
dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2005, en el caso de
las niñas Yean y Bosico. Los organismos internacionales de derechos humanos ya
han adelantado que seguirán defendiendo los derechos de estos, y ojalá que
algún día sean reafirmados.
Mientras tanto hay que celebrar la
revocación de la peor parte de la ignominia, junto a la valentía de Ana María e
Isidro Belique, la serena decisión de lucha de Elena Lorac y Juan Telemín, y el
coraje de Altagracia Jean, Rosa Iris Diendomi, Epifania Charl, Juan Alberto
Antonine y Germania René, entre tantos otros dominicanos y dominicanas
descendientes de haitianos que se empoderaron de sus derechos, se asociaron en
“Reconocidos” y crecieron en la lucha.
Esta victoria, aunque parcial, no se
habría logrado sin el apoyo fundamental del Centro Bonó, institución de los
jesuitas que enaltece las valores cristianos, y de muchas otras entidades religiosas
y sociales, como el Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas, Dominicanos por
Derecho o el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, que
integró a más de 500 personas, cuyo empuje fue fundamental en la etapa post
sentencia. Los abrazos solidarios multiplicaron la sinergia.
Nadie debe dudar del valor
fundamental que ha tenido la solidaridad internacional que hay que agradecer y
proclamar contra todo chantaje nacionalista. Porque los derechos humanos son
universales.
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