SANTO DOMINGO.- El ex presidente Leonel Fernández hizo este lunes una
serie de cuestionamientos a la reforma que acaba de hacer la Asamblea Revisora
de la Constitución
de la República
Dominicana.
Opinó que, en una futura enmienda, la Carta Magna debe “blindarse”,
de manera tal que “no sea tan frágil o vulnerable a cualquier tipo de
modificación”.
“Debe hacerse una reforma que se exprese de manera tan clara, precisa y
directa, que jamás pueda haber dudas de que en los casos expresamente
estipulados, para su modificación se requiera de mayoría calificada y de
la realización de un referendo aprobatorio”, dijo.
“Así protegeremos mejor nuestra Constitución y nuestra democracia”, dice
el también presidente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) en un artículo titulado “El Futuro de la Reforma Constitucional ”
que publicó este lunes en el periódico Listín Diario.
Fernández, quien hasta hace poco estuvo aspirando a ser de nuevo
presidente del país, dice que “en principio, se entendía que la Constitución del 2010
fue concebida como una Constitución rígida” y que “al ser nuestra Carta Magna”
tenía una posición jerárquica superior en el orden jurídico y que sería
de difícil reforma o modificación.
“ Teníamos la certidumbre de que bajo el Título XIV, referido a las
reformas constitucionales, sus dos capítulos, el relativo a las normas
generales y el de la
Asamblea Nacional Revisora, así como los seis artículos
que se extienden desde el 267 hasta el 272, nuestra Carta Magna era una especie
de código constitucional rígido, sometido a un procedimiento especial, que
tornaba difícil su reforma o modificación”, enfatiza.
Sin embargo, agrega, no resulta así . “En los debates que se
suscitaron entre destacados miembros de nuestra comunidad jurídica, en relación
a la reciente reforma a la
Constitución , surgieron distintos análisis y diversas
explicaciones acerca del procedimiento de reforma de nuestro texto
constitucional, lo que generó desconcierto y confusión”, expresó.
El artículo
El artículo de Fernández es el siguiente:
“En principio, se entendía que la Constitución del 2010
fue concebida como una Constitución rígida. Eso quiere decir que al ser nuestra
Carta Magna, y, por consiguiente, disponer de una posición
jerárquica superior en el orden jurídico, sería de difícil reforma o
modificación.
Desde un punto de vista técnico-legal, es lo que la diferencia de una
Constitución flexible, la cual puede ser modificada o derogada por el Poder
Legislativo, mediante el mismo procedimiento ordinario que se instituye para la
aprobación de las leyes.
En los sistemas de Constitución flexible, como es el caso, por ejemplo,
del Reino Unido y Nueva Zelanda, la Constitución y las leyes, como fuentes del
Derecho, se encuentran sometidas al mismo nivel dentro del orden jurídico.
No ocurre así con una Constitución rígida, como es el de la mayoría de
los países, en la que al proclamarse su supremacía sobre cualquier otra
normativa o disposición legal, se requiere, para su modificación o derogación,
no de una ley ordinaria, sino de un procedimiento especial, con respaldo
de una mayoría calificada. En algunos casos, hasta de la
realización de una consulta popular o de un referendo aprobatorio.
Así creíamos que era en la República Dominicana.
Teníamos la certidumbre de que bajo el Título XIV, referido a las reformas
constitucionales, sus dos capítulos, el relativo a las normas generales y el de
la Asamblea Nacional
Revisora, así como los seis artículos que se extienden desde el 267 hasta
el 272, nuestra Carta Magna era una especie de código constitucional rígido,
sometido a un procedimiento especial, que tornaba difícil su reforma o modificación.
No resulta así. En los debates que se suscitaron entre destacados
miembros de nuestra comunidad jurídica, en relación a la reciente reforma a la Constitución ,
surgieron distintos análisis y diversas explicaciones acerca del
procedimiento de reforma de nuestro texto constitucional, lo que generó
desconcierto y confusión.
Esa experiencia nos obliga, para una futura reforma, instituir un
empleo más preciso del lenguaje y una mejor interrelación de los textos, que
permita, en lugar de un razonamiento analógico, hacer uso de una
interpretación literal y directa de nuestra Carta Sustantiva, que la haga menos
proclive a la ambigüedad y al equívoco.
Leyes ordinarias y orgánicas
Aunque la
Constitución Dominicana es rígida, eso no equivale a decir
que no puede ser modificada. En efecto, puede serlo. Lo único es que el
procedimiento a seguir para realizarlo, como hemos dicho, es un
procedimiento especial, más complejo y tortuoso que el que normalmente se sigue
para la aprobación o modificación de una ley ordinaria.
Así lo señala el artículo 267, al disponer: “La reforma de la Constitución sólo
podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida
ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones
populares.”
El cómo se inicia el proceso está contemplado en el artículo 269, que
indica que nuestra Constitución “podrá ser reformada si la proposición de
reforma se presenta en el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de
los miembros de una u otra cámara, o si es sometida por el Poder Ejecutivo.”
Desde un primer instante, nuestra Constitución señala que el
procedimiento para su reforma tiene un carácter especial, pues requiere que no
sea un diputado o un senador quien introduzca la proposición de reforma, es decir,
el proyecto de ley, sino una tercera parte, o el 33 por ciento de los miembros
de una u otra cámara.
Pero lo que dio lugar a la controversia fue el artículo 270, que
consigna que “La necesidad de la reforma constitucional se declarará por una
ley de convocatoria . Esta ley, que no podrá ser observada por el Poder
Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional
Revisora, contendrá el objeto de la reforma e indicará el o los artículos de la Constitución sobre
los cuales versará.”
Esa ley de convocatoria que declara la necesidad de la reforma
constitucional, ¿es una ley orgánica o una ley ordinaria?
En vista de que el artículo 270 de la Constitución no lo
expresa de manera directa, los partidarios de la interpretación directa o
exegética del texto constitucional, concluyen que no se trata de una ley
orgánica, sino de una ley ordinaria, la cual se aprueba por mayoría simple.
Pero en lugar de limitarse únicamente a lo que indica el artículo 270,
se podía hacer una interpretación analógica, al combinarse con lo que refiere
el 112, que señala, entre los casos que requieren de la aprobación de una ley
orgánica, los que tienen que ver con “la regulación de los procedimientos
constitucionales, las materias referidas por la Constitución y otras
de igual naturaleza.”
¿No cabría en esa categoría la ley que declara la necesidad de la
reforma constitucional prevista en el artículo 270?
Más aún, si se realiza un análisis de constitucionalismo comparado, se
podrá comprobar que en la mayoría de los países es así. En España se requiere
de una mayoría de tres quintas partes en ambas cámaras para aprobar la ley que
reforma la
Constitución. En Francia, igual, por las tres quintas partes
de los miembros del Parlamento; y en Alemania, con la aprobación de las
dos terceras partes.
En América Latina, podrían citarse los casos de Chile, en el que se
requiere de las tres quintas partes de Senadores y Diputados. En Brasil, las
tres quintas partes. En Bolivia, las dos terceras partes; y en Guatemala, las
dos terceras partes.
En fin, como puede observarse, la tendencia predominante, a nivel
internacional, es que la ley que convoca la necesidad de la reforma
constitucional, como parte de un procedimientos especial, es una ley orgánica,
que requiere, para su aprobación, de una mayoría calificada.
Pero aquí, en República Dominicana, hubo un grupo de notables y
prestigiosos juristas, que a pesar de las evidencias insoslayables,
argumentaron lo contrario.
El referendo aprobatorio
Igual ocurrió con la necesidad del referendo aprobatorio, luego de la
aprobación de la reforma constitucional por la Asamblea Nacional
Revisora. En este caso, el argumento ha sido que la consagración de la
reelección presidencial no constituía un derecho fundamental.
Pero el artículo 272 no sólo establece los derechos fundamentales
como única categoría para la celebración de un referendo aprobatorio que
confiera legitimación popular para la reforma constitucional.
En adición, se encuentran, el ordenamiento territorial y municipal; el
régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería; el régimen de la moneda, y
sobre los procedimientos de reforma instituidos en la Constitución.
En otras palabras, la
Constitución esboza cinco categorías diferentes en las que la
reforma de la Carta Magna
realizada por la
Asamblea Nacional Revisora, requiere, a los 60 días de su
proclamación, que la
Junta Central Electoral convoque a un referendo, que no es
más que una elección, en la que más de la mitad del 30 por ciento de los
votantes que figuran en el registro electoral, votan en favor de la
aprobación de la reforma constitucional.
Pero, como según se ha sostenido, no se hace referencia explícita en el
título IV de la
Constitución , sobre el Poder Ejecutivo, acerca de la
necesidad de un referendo aprobatorio, el mismo no constituye una obligación
constitucional.
No obstante, si se hace la conexión con el artículo 22, sobre régimen de
ciudadanía, se comprueba que nuestra Carta Sustantiva sostiene que “Son
derechos de ciudadanas y ciudadanos, elegir y ser elegibles para los cargos que
establece la presente Constitución…”.
Por supuesto, entre los cargos que establece la Constitución se
encuentra el de Presidente de la República. Por consiguiente, una vez más, por vía
de interpretación analógica, se llega a la conclusión de la obligación del
cumplimiento de ese requisito para la legítima culminación del proceso de
reforma constitucional.
Pero, igual, en algo que ha debido haber consenso entre los miembros de
nuestra comunidad jurídica, no lo ha habido. La razón parece estar en la
necesidad de que el texto constitucional se exprese de manera directa, de tal
forma que no dé lugar a interpretaciones aviesas e interesadas.
Todo esto nos conduce al hecho de que si nuestra Carta Sustantiva es de
naturaleza rígida, como en efecto lo es, en una futura reforma constitucional
debe blindarse de manera tal que no sea tan frágil o vulnerable a cualquier
tipo de modificación.
Debe hacerse una reforma que se exprese de manera tan clara, precisa y
directa, que jamás pueda haber dudas de que en los casos expresamente
estipulados, para su modificación se requiera de mayoría calificada y de
la realización de un referendo aprobatorio.
Así protegeremos mejor nuestra Constitución y nuestra democracia”.
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