Resulta de gran importancia la aprobación de una ley de igualdad y antidiscriminación como la sometida a la cámara de diputados por el congresista Juan Dionicio Rodríguez Restituyo y un conjunto de organizaciones de la sociedad civil.
En distintos estudios con poblaciones vulnerables (ODH/PNUD/MEPyD
2011) (Vargas/ONUSIDA 2012) (Vargas/ONE 2016) se identifican múltiples
prácticas discriminatorias sufridas por muchas personas en silencio y que han
provocado su exclusión del ámbito laboral, educativo, social y en varios casos
intentos de suicidio.
En la mirada a la deserción escolar (ONE/Vargas 2016) se
plasman como una de las causas principales la discriminación vivida por niños,
niñas y adolescentes en centros educativos por distintas razones como son: su
color de la piel, orientación sexual (LGBTI), pobreza, discapacidad, hijos e
hijas de trabajadoras sexuales, migrantes, madres adolescentes o adolescentes
activas sexualmente.
“Yo dejé la escuela cuando estaba en 6to curso. No volví
más. El profesor todos los días me daba cocotazos y me decía maricon. Todos los
días mis compañeros se burlaban de mí , me empujaban, se agrupaban para darme
golpes. Un día se combinaron y me empujaron desde la escalera y me di un golpe
en la cabeza. Nadie hizo nada. Me lo merecía dijo la directora. Me fui y tuve
mucho miedo de volver a estudiar. No quería volver a sufrir lo mismo”.
(Vargas/ONUSIDA 2012)
Las personas e instituciones ejercen continuamente
discriminación y exclusión hacia personas con perfiles diversos sin
responsabilizarse del daño y las graves consecuencias en sus vidas.
Sufrir la discriminación en hospitales y centros de salud
es parte del dolor y la desesperación de muchas personas viviendo con VIH, en
situación de calle, usuarias de drogas, trabajadoras sexuales, personas LGTBI
sobre todo mujeres trans y migrantes. Los relatos de burlas, humillaciones,
negación a ofrecerle servicios son continuos. Se han dado casos de muerte por
falta de atención de personas usuarias de drogas, mujeres trans y en situación
de calle en centros hospitalarios. En algunos casos tienden a ser excluidos de
estos centros por su apariencia física, su vestimenta o por su condición.
(Vargas/ONUSIDA 2012)
Lo mismo ocurre en el sistema de justicia. Cuando una mujer
trabajadora sexual, en situación de calle, usuaria de drogas, migrante o mujer
trans o va a poner una denuncia por violencia de género no le dan respuestas,
se burlan de ellas o simplemente la despachan con un “iremos por allá” o
“regrese cuando le vuelva a pegar”, frases frecuentes en fiscalías y cuarteles
policiales.
Las practicas discriminatorias deben tener consecuencias y
sanciones legales. Nuestra constitución condena la discriminación y la
exclusión hacia las personas por ser diferentes en su identidad étnico-racial,
sexual, condición social-económica, religión, entre otras. La ausencia de un
régimen de consecuencias contra las múltiples prácticas discriminatorias en
empresas, comercios, centros educativos, universidades, centros de salud,
sistema de justicia y policía nacional ha generado su normalización y con ello
la desigualdad y exclusión social.
Resulta de gran importancia la aprobación de una ley de
igualdad y antidiscriminación como la sometida a la cámara de diputados por el
congresista Juan Dionicio Rodríguez Restituyo y un conjunto de organizaciones
de la sociedad civil. De esta manera podemos garantizar el respeto a los
derechos de todas las personas independientemente de su perfil o condición en
una sociedad que se define constitucionalmente como democrática.
Este artículo fue publicado originalmente en el
periódico HOY
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