Por Ali Nuñez
Milagros Ortiz Bosch habla con periodistas este viernes.
SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader suspendió este
viernes a 36 funcionarios, sin disfrute de salario, por no haber presentado a
tiempo su declaración jurada de bienes y de patrimonio, informó Milagros
Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental y asesora
presidencial sobre corrupción.
Los suspendidos son todos funcionarios de niveles medios de
la administración pública. Son ellos:
Fernando José Viyella y Miguel Ángel Lajara, de Autoridad
Portuaria Dominicana;
Arismendy Almonte, Francisco Fernández Onofre, Héctor
González y Cándido Cruz Pichardo, del Banco Agrícola;
Teófilo Gómez, Comisión Aeroportuaria; Teófilo Sosa, de la
Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial.
Francisco Vásquez y Erodis Fernelis Díaz, del Consejo de
Coordinación de la Zona Especial para el Desarrollo Fronterizo;
José Sánchez Martínez, del Consejo Nacional de Fronteras;
Heriberto Grullón, Hugo Taveras y José Luis Polanco, de la
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca.
Benjamín Reynoso, Francisco Javier Santoni, de la
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo;
Juan Alberto Durán y Otto Manuel Gómez, de la Corporación
de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata.
Silvestre Ventura, subdirector de Migración;
José del Carmen Oviedo, Dirección de Ordenamiento y
Desarrollo;
Leónidas Ceballos y Máximo Gómez Peña, de la Empresa de
Generación Hidroeléctrica Dominicana.
Carlos Espinal, subdirector del Teatro Nacional de Santo
Domingo;
Marcia Rodríguez Gómez, del Instituto Nacional de
Tránsito y Transporte Terrestre;
Angel Darío Ramírez, Antonio Trinidad, Denny Olivero,
Félix Beltré, Francisco Jiménez Sena, Francisco Jiménez Reyes, Juan Familia,
Máximo Florián y Menni Cuevas, del Instituto para el Desarrollo del Suroeste.
El Mandatario había suspendido a 15 servidores públicos a
través de los decretos 525-20 y 534-20, emitidos el 30 de septiembre y el 2 de
octubre respectivamente.
Para la nueva disposición, el mandatario dictó el decreto
674-20, en cuya motivación se resalta el “alto interés de la presente
administración en mantener el más estricto apego de sus funcionarios a los
principios de ética, transparencia, juridicidad y buena administración”.
Desde que asumió el cargo, Abinader advirtió de que
suspendería a los funcionarios que no presentasen sus declaraciones juradas de
bienes, algo que es obligatorio por ley.
El pasado septiembre, la Procuraduría General informó de
que abriría investigaciones preliminares a los funcionarios y exfuncionarios
que no hayan realizado la declaración jurada de patrimonio ante la Cámara de
Cuentas, que falseen datos o que exhiban un patrimonio injustificado.
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